Fiscalía apoya la decisión

Una vez conocido este anuncio se escucharon reacciones frente al tema. El senador Armando Benedetti dijo, “que el Decreto de dosis mínima salga del Ministerio de Defensa es la prueba de que no hay una política de salud pública en el Gobierno, ni prevención, ni educación, ni sustitución en la lucha contra las drogas. ¡Solo hay para el tráfico! El Ministerio de Salud debe acompañar el Decreto”.

El exsenador Juan Manuel Galán expresó su preocupación sobre cómo se aplicaría la medida que considera no está bien enfocada. «Si la Policía no está formada e instruida adecuadamente para hacer esas incautaciones en la calle, pues personas que tienen sustancias con fines medicinales podrían ser objeto de persecución», dijo.

Añadió también que “el Gobierno debería atacar los cristalizaderos más que los lugares donde se expende la droga, pues es en la selva donde nace el problema. Los cristalizaderos camuflados en la selva son sofisticados y operan con químicos farmacéuticos. Cada vez que a una estructura se le cae uno de estos puede perder hasta 10 y 15 millones de dólares, y eso es lo que más les duele, el bolsillo, por eso se debe atacar allí donde se concentra el mayor valor del narcotráfico».

Entre tanto, el general Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía, indicó: “A mí me gusta, porque eso le facilita el trabajo a la Policía, fíjese en lo que estábamos, cada vez que un policía identificaba a una persona con posesión de droga, tenía que entrar a negociar con él”

 “Lo que los policías tenían entonces que andar con gramera en sus bolsillos para ver cuánto portaban las personas, el control del microtrafico se convirtió en un problema grave para el procedimiento policial”, sostuvo.

Y más adelante dijo que “los policías tienen muchos problemas, tienen que atender los heridos de las riñas, y de los atracos”.

TEMA POLICIAL

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anotó que “ese es un tema en materia policial, ya existe en el Código de Policía, pero lo que nosotros estamos planteando es resolver el problema de los jibaros en las ciudades, que apelan a un mecanismo de defensa que consiste en manifestar que la dosis que portan es realmente la de aprovisionamiento de sus consumo personal, y realmente ahí es donde se está frustrando más del 85% de las capturas, y la lucha que estamos desarrollando Policía y Fiscalía, contra los expendedores de droga”.

Por su parte, el exmagistrado Jaime Arrubla manifestó que “con el Decreto no se está criminalizando nuevamente la dosis personal, como equivocadamente han señalado algunos, ni desatendiendo la jurisprudencia sobre la materia edificada por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Es una estrategia para combatir el microtráfico, diseñada dentro de las competencias policiales que le corresponden al Presidente de la República y que puede arrojar resultados positivos en el empeño propuesto”.

 “Para nadie es desconocido el desorden que reina en este campo; los traficantes vienen utilizando la flexibilidad que existe con los consumidores de la dosis mínima, que garantiza el libre desarrollo a la personalidad,  para esconder el verdadero propósito de una empresa de microtráfico de drogas dirigido a ampliar el consumo, a costa de la salud de nuestro jóvenes. Lo grave sería que el Gobierno no implementara medida alguna; ahora que lo hace, debemos apoyar la estrategia y velar por que dé frutos positivos para la convivencia social”, argumentó.