Comercio podría irse a la quiebra por altas tarifas en la energía

Los insumos para el sector gastronómico registran incrementos por encima del 35% colocando en una situación de riesgo la operación de los restaurantes que empezaron a suprimir la contratación de mano de obra.

POR
EDGAR
TATIS GUERRA

Los directivos de distintas asociaciones y gremios empresariales de Santa Marta coincidieron al afirmar que el incremento del 30% en la facturación de energía eléctrica los tiene al borde de la quiebra.

Uno de los primeros en alzar su voz de protesta fue Luis Fernando Sánchez en calidad de presidente de la Unión de Comerciantes de Santa Marta (Undeco) quien fue categórico al manifestar que son varios los microempresarios agobiados por el aumento desmedido en el servicio de luz, una situación que los mantiene en permanente estrés debido al impacto en sus finanzas.

“Nosotros estamos literalmente mamados de tanto abuso y que sigamos en esta discriminación por parte de la empresa Air-e que nos cobra el kilovatio más costoso en la Costa Caribe. Cada mes padecemos el mismo viacrucis porque debemos elegir si pagamos la luz, el arriendo o comemos. Ojalá el gobierno nacional intervenga en esta problemática porque si los comerciantes cierran sus empresas y negocios se aumentaría el desempleo y la delincuencia provocando un estallido social”, aseveró Sánchez.

En ese mismo tenor se pronunció Paola Narváez Uribe, directora ejecutiva del gremio que reúne a los propietarios de restaurantes, gastrobares y negocios afines, quien asegura que los insumos para el sector gastronómico registran incrementos por encima del 35% colocando en una situación de riesgo la operación de los establecimientos que ya empezaron a suprimir la contratación de mano de obra.

Vale indicar que el Comité Intergremial del Magdalena (CIMAG) expidió un comunicado a la opinión pública referente a las altas tarifas de energía eléctrica en la región Caribe en donde revela la urgente necesidad de un marco regulatorio para propiciar una mayor competencia.

En por ello que instan a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) a establecer un marco regulatorio que promueva mayor competencia en la generación para reducir los costos y, por ende, las tarifas. El CIMAG solicita además al Ministerio de Hacienda respaldar bonos de alivio tarifario con garantías nacionales, ampliando los plazos de pago para los usuarios finales.

“Exigimos al Gobierno Nacional la creación de un fondo temporal que cubra hasta $120 por kWh el costo de las pérdidas de energía financiado con recursos nacionales o una sobretasa en la tarifa del servicio de energía. Urge que se destinen recursos en aras de modernizar las redes de transmisión y de distribución de energía eléctrica en la región Caribe, pero que dichos costos no sean incluidos en las tarifas”, se lee en el comunicado.