HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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Enviarán alimentos para los indígenas desplazados

El desplazamiento de más de 400 personas, que representan 80 familias indígenas wiwa, asentadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, genera preocupación en el territorio, por el riesgo que representa y las condiciones en las que se encuentran niños adultos y mujeres embarazadas que en estos momentos están refugiados en Riohacha, La Guajira.

Por ello, desde el departamento del Cesar, considerando la Sierra Nevada un solo territorio para las comunidades indígenas, se está haciendo un llamado a las instituciones y comunidad en general para que sumen a la gran donatón de alimentos que serán llevados hasta los refugios en La Guajira para los hermanos wiwa que se encuentran en esta lamentable situación, según manifestó Nelson Martínez Mendoza, miembro del pueblo indígena Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El centro de acopio es la sede de Dusakawi Epsi en Valledupar, entidad que también se está sumando a esta causa como responsable de la atención de las comunidades indígenas. Incluso su personal está haciendo recolectas de alimentos no perecederos, agua, frazadas, colchonetas, medicamentos y otros insumos para hacerlos llegar a La Guajira.

“Cualquier punto de la Sierra es importante para las comunidades indígenas, es catalogado como un solo territorio, por ello es preocupante la situación de desplazamiento que se ha venido presentando hacia La Guajira desde el pasado fin de semana. El problema ya está teniendo incidencia en la población indígenas wiwa del Cesar, ante los enfrentamientos entre miembros del Clan del Golfo y Los Pachencas, lo cual sin duda está poniendo en riesgo la vida física y cultural del pueblo wiwa”, aseguró.

Recordó que desde el 2004, por un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los pueblos indígenas son objeto de protección especial por parte del Estado colombiano. El pueblo indígena está viviendo la repetición de una situación dolorosa y crítica, pero lamentablemente no se han sentido el apoyo gubernamental a pesar de las alertas tempranas emitidas el año pasado por la Defensoría del Pueblo, sobre presencia de grupos armados  en sus territorios.

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