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Expertos en infraestructura muestran preocupación por renegociación de vigencias futuras
La Contraloría ya puso la lupa en la falta de claridad sobre cuál será el destino de $13 billones del Presupuesto General de la Nación
El Presupuesto General de la Nación, PGN, para este año sigue enredado y aumentan las preocupaciones por cuál será el destino de los recursos públicos que aún no han sido detallados por el Gobierno Nacional. Ahora la preocupación de los gremios y expertos en infraestructura está por los pagos de las vigencias futuras por parte del Gobierno, es decir, los recursos comprometidos a largo plazo.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana alertó que la norma que se aprobó en el Congreso omite los muchos detalles sobre la destinación del presupuesto y pone en duda la transparencia del mismo.
Esto se enfocó, principalmente, en $13 billones del rubro de inversión que representaron 13% del total de gastos de este segmento. Se trata de recursos apropiados para el sector Transporte ($10,5 billones), Hacienda ($2 billones) y Educación ($0,5 billones).
Según el Observatorio, mientras que en el PGN de 2023 se evidencia la desagregación de los proyectos a los que se iban a destinar los recursos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, este no fue el caso para 2024.
En los anexos se evidencia que los recursos serán destinados a un nuevo subprograma de inversión denominado “Convergencia regional: integración de territorios bajo el principio de la conectividad física y la multimodalidad” sin ningún tipo de detalle o desagregación adicional a nivel de proyecto, por proyecto.
En medio de la polémica, el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoció que el presidente Gustavo Petro les pidió hacer «un ejercicio de priorización» en el que se podrían reconsiderar el destino de los recursos del PGN.
En concreto, el ministro de se refirió a los proyectos del Metro de Bogotá y la vía Mulaló – Loboguerrero, pero la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, también alertó por otras 57 obras declaradas como de interés nacional como el túnel de La Línea y la doble calzada de Pasto – Popayán.
El gremio de la infraestructura también alertó por las declaraciones de Bonilla de que los pagos de las vigencias futuras no se realizarían según lo estipulado en los contratos, sino por el avance de la ejecución física de la obra de infraestructura.
A su vez, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, alertó que no honrar estos compromisos, afectarían gravemente la confianza en el país.
«Mientras más tratan de solucionar el problema presupuestal creado por el mismo gobierno con las “Partidas globales” que ilegalmente introdujeron en el presupuesto para la vigencia del 2024, más enredan las cosas», dijo el exministro en su cuenta de X.
«Sería un golpe de incalculables consecuencias sobre la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros que comprometieron capital y créditos propios en el desarrollo de la infraestructura del país, atenidos a que se honrarían las vigencias futuras», agregó.
Según el documento Conpes 3760 de 2013, se proyectó que el flujo máximo de vigencias futuras entre 2020 y 2044 sería de 0,4% del PIB, pero recientemente se aprobaron dos modificaciones para que el flujo aumente a 0,8% del PIB.
A su vez, la Contraloría General de la República también puso la lupa en el tema y le pidió al Gobierno Nacional «ejecutar los recursos del Presupuesto General de la Nación con mayor rigurosidad y transparencia, cumpliendo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto».
La Contraloría también señaló que hubo una falta de rigurosidad en el decreto de liquidación del presupuesto de la presente vigencia, por lo que pidió mayor claridad en los rubros presupuestales como las partidas globales, «ya que es importante dejar claro su destinación específica y comportamiento».
