Salpicados congresistas y 17 funcionarios por corrupción

La Fiscalía General de la Nación le pidió a la juez 42 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que envie a la cárcel al excongresista y exdirector del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social (DPS), Pierre García, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de ‘Las Marionetas’.

Por las irregularidades que se presentaron en millonarios contratos en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca.

Según expuso la delegada de la Fiscalía, es necesario que se imponga una medida de aseguramiento preventiva de la libertad en establecimiento carcelario contra García para garantizar que se presente a las diligencias judiciales y que se pueda impartir justicia.

La fiscal argumentó su petición en que el exdirector del DPS tendría su domicilio en la ciudad de París (Francia) mientras que, el procesado asegura que tiene arraigo en Colombia.

García está siendo investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos.

Según la investigación de la Fiscalía, el excongresista al parecer habría aprovechado su cargo para hacer parte de la red criminal que lideraba el exsenador liberal Mario Castaño, quien falleció el pasado 18 de noviembre en la cárcel La Picota de Bogotá.

La fiscal del caso señaló que García participó supuestamente en varias reuniones con funcionarios, contratistas y congresistas interesados en los contratos del proceso ‘Proyecta – Quindío’ y que al parecer fueron adjudicados bajo la orientación suya.

“Se evidencian también cuatro fechas en las que se reunieron en el Departamento Administrativo de Prosperidad Social entre los pisos sexto y séptimo, varias personas que al parecer harían parte de esta organización criminal”.

Todo empezó al parecer con la convocatoria 001 del DPS en 2020, la cual destinó recursos a entes territoriales para que hicieran 28 procesos contractuales bajo el mismo modus operandi en varias regiones (Quindío, Tolima, Valle, Risaralda), esa veintena de contratos es la que le señalan a García, con hechos que vienen desde 2021.

Ese modus operandi fue teniendo a varios proponentes para un determinado contrato, pero en realidad los interesados eran un solo grupo. Es decir, previo a presentarse ellos sabían que solamente un proponente iba a pasar porque era el que cumplía con los papeles necesarios, mientras que los otros no aptos se quedaban en el camino de la contratación.

«No corresponde al azar, corresponde a la forma que la organización criminal ideó cómo se debía gestar ese direccionamiento a la contratación estatal, y sobre todo esa apariencia de legalidad en el marco de esos procesos de selección», indicó la fiscal.

En este entramado, el DPS contrató con Proyecta Quindío, una empresa industrial y comercial del Estado que -al tener esa figura- pudo manejarse supuestamente en beneficio de los interesados, entre quienes estaban los congresistas y contratistas.

LOS PAPELITOS DE PIERRE

En total, cerca de 17 personas -entre ellas senadores y políticas- se habrían querido quedar con una bolsa de recursos del DPS que asciende a los 116.000 millones de pesos, pero como llegó para esa época la Ley de Garantías, la bajaron a 70.000 millones.

Finalmente, en el entramado se decidió que no era «prudente» -narró la fiscal- que Proyecta Quindío tuviera la potestad de contratación en Boyacá y Cundinamarca, por lo que el presupuesto final fue de 48.000 millones de pesos dentro del contrato 670. Ese es el que tiene encerrado en la cárcel La Picota a Ciro Ramírez por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Para esos fines, al parecer «Pierre sostuvo reuniones de manera directa en las instalaciones del DPS con diversos senadores y políticos (Ramírez, Barreto) y el excandidato García, así mismo con Pablo César Herrera», dijo la fiscal, agregando que Pierre García «tenía la particularidad de no hablar, o de no dejar entrar celulares a su oficina». Al parecer también escribía en papelitos o en una tableta y después borraba.

Además, en el quinto piso del DPS, el exalcalde de Armero Guayabal Medardo Ortega -quien está implicado y según medios locales logró un preacuerdo- declaró que supuestamente se vio con Pierre García. Según la fiscal, Ortega dijo que «a mí me llamó la atención que lo que me dijo me lo dio en un papelito y después lo rompió. Yo le dije ‘bueno, doctor’. Me escribió en un papelito que iba a esperar a la Gobernación, eran lápices de esos que

Para la fiscal del caso, en total son 17 personas debidamente individualizadas en su rol respectivo en esta contratación. De senadores están supuestamente Miguel Ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa y Ciro Ramírez.