Daño colateral

En los últimos años ha sido recurrente la discusión sobre la reducción de los subsidios energéticos para aligerar su impacto en las cuentas del Estado. Es necesaria la discusión respecto a cómo volver eficiente el destino de los subsidios para beneficiar a las poblaciones que realmente los necesitan. De igual manera, este tema representa un debate que requiere del mayor consenso político pues, si no se ha llegado a acuerdos previos entre las principales fuerzas políticas y  cualquier modificación que se dé al respecto puede tener como consecuencia un alto costo para aquellos que la implementen.

Además, hay otra cuestión de igual o aún mayor importancia en relación con quienes están sobrellevando actualmente el costo de los subsidios. De acuerdo con las apropiaciones que se tienen previstas para 2018, el Gobierno mantendría un pasivo con las distribuidoras que atienden a los consumidores finales de $568 mil millones de pesos en el sector eléctrico y de $243 mil millones de pesos en el sector del gas. Son estas empresas distribuidoras quienes hoy respaldan económicamente el retraso en el pago de los subsidios, en otras palabras quienes deben cubrir la demora del gobierno, cuando es el Estado quien otorga los subsidios y no las compañías de servicios.

Analicemos de manera más detallada el problema. La falta de pago del Gobierno a las compañías de servicios genera grandes dificultades de flujo económico, lo que aumenta el déficit, pues les obliga a adquirir más deuda o conlleva a que el resultado económico de sus actividades sea menor a costa de sus propios intereses.

Pero, ¿es censurable el retraso en los pagos de subsidios? Claro que lo es. Los presupuestos del Estado deberían planificarse mejor, responsablemente, de manera que los subsidios recaigan directamente en quien los provee y decide, y por tanto se paguen de inmediato, en su totalidad y sin demora, para que tanto las compañías como el sistema energético no se vean afectados.

El Gobierno no puede, olímpicamente, retrasar el pago de los subsidios que otorga poniendo en dificultades financieras a las empresas distribuidoras, a riesgo incluso de llevarlas, en el caso de las pequeñas empresas límites muy cercanos a la quiebra. Tampoco puede, irresponsablemente, otorgar subsidios que no puede cubrir. Con la demora en el pago por parte del Gobierno va siendo necesario que las entidades de vigilancia y control actúen y prevengan que estos casos se presenten, pues no solo afectan a las empresas sino finalmente a quienes han invertido su capital en estas actividades. Es una gran irresponsabilidad por parte del Estado, a través en este caso del Ministerio de Minas y Energía, seguramente obligado por la falta de asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda que esto siga sucediendo.

*ExComisionado de Paz