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Contraloría hace vigilancia a las obras de megacárcel
La construcción de la cárcel en el municipio de San Ángel en Magdalena, tiene un valor superior a los $186.000 millones.
Las obras del Erón van en un avance positivo a pesar que se siguen generando reclamos de la comunidad indígena por haberse saltado el paso de la consulta previa.
La Contraloría General de la República, confirmó que a modo de vigilancia adelanta un control preventivo de las obras de la cárcel de San Ángel en Magdalena.
El nuevo complejo carcelario, ubicado en este municipio a 170 kilómetros de Santa Marta, tendrá, inicialmente, 1.500 cupos nuevos para personas privadas de la libertad. Sin embargo, finalizadas las obras y con algunas adecuaciones, se esperan crear otros 2.000, para un total de 3.500 personas que podrán ser alojadas.
La Contraloría indicó: «Hacemos control preventivo a la construcción de las cárceles del país, a través de la contraloría delegada para el sector justicia . En Santa Marta verificamos estado de avance de centro carcelario».
La construcción del centro de reclusión, que recibirá a hombres y mujeres, costará $186.000 millones, que salieron por completo de recursos de la Nación y que fue el valor por el que se inició el proceso de licitación.
La ubicación de este nuevo centro de reclusión fue escogida por dos razones que confluyeron. Por un lado, porque el hacinamiento carcelario de la Costa Caribe es representativo frente al del resto del país: mientras la tasa de sobrepoblación en Colombia es de un 54%, en el norte asciende al 89%. Dicho de otra manera, hay 13.990 personas privadas de la libertad en el Caribe y apenas 7.390 cupos.
INDÍGENAS ELEVAN RECLAMOS
Mientras se adelanta la constitución, las comunidades indígenas, aún exigen que se respete el proceso de consulta previa por parte del Ministerio de Justicia Edilberto Riatiga, representante de Riatiga Consultores, firma que representa a las comunidades, manifestó que antes de comenzar a ejecutarse el proyecto el Estado debe enviar a la zona un equipo técnico de parte de la dirección de Consulta Previa, adscrita al Ministerio del Interior.
Lo anterior con el objetivo que, con las coordenadas presentadas en los estudios realizados por la consultoría se determine la presencia de la comunidad Ette Ennaka Chimila en el territorio.
Dijo que el proceso se debe agotar teniendo en cuenta que está dentro del acuerdo 169 en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ratificado en el bloque de constitucionalidad definido en la ley 21 de 1991.
