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Las fuerzas militares de Colombia atraviesan por un mal momento reputacional. El inapropiado comportamiento de muchos de sus miembros las han puesto en el ´ojo del huracán´.
Una seguidilla de irregularidades han enlodado el nombre las Fuerzas Armadas de Colombia, desde hace poco más de un año. Tanto miembros de la Policía como del Ejército Nacional con su actuar han puesto en la palestra pública al sector defensa e incluso han llegado a considerar desde el legislativo la posible reestructuración de las mismas.
El más reciente escándalo y que llamó la atención de todo el pueblo colombiano fue el abuso sexual de una niña de 13 años, perteneciente a la comunidad indígena Embera Katío, ocurrido el pasado 22 de junio, a manos de siete soldados regulares del Ejército de un batallón en Risaralda.
Por estos hechos, la Fiscalía les endilgó el delito de acceso carnal abusivo, a uno de ellos por complicidad y los seis restantes por coautoría, mientras que la Procuraduría, este domingo, abrió un proceso por acceso carnal violento, en donde además de los siete uniformados, espera esclarecer el motivo por el cual no se han vinculado al proceso a otros tres suboficiales.
El escarnio público no solo fue para la menor, a quien agredieron física y psicológicamente, el escándalo fue para todas las fuerzas del sector defensa, pues se sumó a una seguidilla de irregularidades que han cometido. Una semana atrás, cuatro miembros del Ejército también estuvieron bajo la lupa de la autoridades luego de que lanzaron a un perro al vacío y le provocaron la muerte.
Los hechos, que fueron conocidos por la Fiscalía, ocurrieron en Nariño y fueron grabados y puestos en redes sociales, situación que también generó indignación en el pueblo colombiano. Desde el ámbito jurídico los uniformados fueron judicializados.
Meses atrás, la institución castrense también se vio enlodada con los supuestos perfilamientos a 130 personas que hacen parte de la oposición al actual gobierno, algunos periodistas nacionales e internacionales, así como sindicalistas.
Además de ello, en diciembre se conoció la salida del entonces comandante del Ejército, general Nicacio de Jesús Martínez, a su juicio, por motivos personales. Sin embargo, esto se registró días después de que se conociera que la institución habría adquirido equipos para interceptar líneas telefónicas de manera irregular.
Si bien, Martínez ha señalado ser inocente de tales acusaciones, tanto él como el general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Militares, han sido llamados por la Fiscalía para que entreguen la versión de lo sucedido.
Previo a esto, el exministro de defensa, Guillermo Botero, tras una moción de censura en el Congreso de la República, abandonó su cargo, luego de que se señalara de conocer detalles de un bombardero en Caquetá, donde perdieron la vida siete menores de edad. En ese entonces, en su defensa, trascendió que los menores hacían parte del grupo subversivo al que estaban atacando y que los mismos habían sido reclutados de forma forzosa.
Otra acción que motivó la salida de Botero, fue la muerte del excombatiente de las Farc, Dimar Torres, ocurrida en Norte de Santander, a manos de miembros del Ejército. Por estos hechos hay un cabo condenado, y cuatro más están en proceso de judicialización penal y disciplinaria.
Otro caso conocido este fin de semana tiene que ver con la muerte de Salvador Jaime Durán en la vereda Filo Guamo, del corregimiento de Aserrío, en el municipio de Teorama, quien según versiones de la comunidad habría sido asesinado por seis hombres pertenecientes al Comando Operativo Energético N. 1, unidad militar orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional.
Aunque la unidad militar manifestó que las tropas “desarrollaban operaciones de seguridad y defensa en ese sector, y según las primeras informaciones, fueron atacadas ocasionando un intercambio de disparos”, el hecho está en investigación.
EN LA POLICÍA
El panorama de irregularidades también se ha registrado en la Policía Nacional, luego de que en noviembre pasado, en el marco del paro nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), le quitara la vida a Dilan Cruz, un joven de 17 años que salió a marchar en las calles de Bogotá, para pedir garantías de educación.
En ese momento, en el legislativo se habló de la reestructuración de esta unidad de la Policía, sin embargo, hasta el momento no ha surgido algún cambio. Del mismo modo, se abordó la posibilidad de cambiar el tipo de armas que usan, pero expertos en la materia consideraron que no era pertinente, porque no le hacían daño a la humanidad de una persona.
El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía ha sido la comidilla en muchos sectores del país. Ese panorama se revivió durante la semana pasada, luego de un operativo que realizó la institución en Ciudadela Sucre, municipio de Soacha (Cundinamarca), donde intentaba desalojar un predio. En medio de los disturbios entre los uniformados y la comunidad Duván Aldana, de 15 años, perdió la vida.
Lo que ha mencionado los testigos es que el menor, que cursaba octavo grado, fue impactado por un miembro de la Policía. Hasta el momento, la situación es materia de investigación por parte de la Fiscalía y la misma policía.
Otro escabroso hecho se registró en la costa Atlántica, cuando dos uniformados protagonizaron un accidente de tránsito, porque estarían bajos los efectos del alcohol. A los hombres se les judicializará por abandono del cargo y daños en bienes ajenos, entre otros delitos.
Algunos casos que hoy hacen parte de la opinión pública han trascendido a los escenarios internacionales, en donde en más de una ocasión le han jalado las orejas a los dirigentes colombianos, por el actuar indebido de los miembros de las Fuerzas.