Diagnóstico grave que hay que atender

Hay aspectos del informe de la ONU sobre derechos humanos en 2019 que pueden desbordar sus competencias, pero en su generalidad, es un diagnóstico grave que hay que atender.

Es habitual y hasta rutinaria la incomodidad que los diferentes gobiernos de Colombia han expresado siempre tan pronto se divulgan los informes anuales de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH). Este año, sin embargo, la inconformidad del Gobierno de Iván Duque, luego de la presentación del Informe, la semana pasada, correspondiente a la situación de derechos humanos en el país en 2019, ha subido sustancialmente de tono.

El presidente Duque dijo que teme que haya imprecisiones en el informe y que hay posible “intromisión en la soberanía” del país. La Cancillería emitió un comunicado en el que se queja de que la ONU “no reconozca los avances en materia de derechos humanos” y criticó que la Oficina de la ONU incorpora conceptos que “rayan en opiniones políticas, así como apreciaciones y conclusiones que exceden su campo de acción”. El consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, dijo que eran “chambonadas”. Y el ministro de Defensa -y excanciller- Carlos Holmes Trujillo protestó porque esa Oficina “no tiene que andar opinando de la estructura institucional del Estado”, y agregó que “no faltaría más que ahora la Oficina de las Naciones Unidas venga a señalar qué es lo que debe hacerse en materia constitucional”.

Hay que decir que en octubre del año pasado, el Gobierno colombiano y la ACNUDH firmaron la renovación del acuerdo para la permanencia y actuación de su oficina de representación en Colombia. No es realista tachar de forma general sus informes de injerencistas o intervencionistas, pues su actuación en el país no se limita a ser observadora. Ahora bien, sí puede el Gobierno recordar los límites establecidos en esos acuerdos, pues es verdad que el informe contiene apartes que hacen valoraciones políticas.

El repaso de la ONU comprende varios capítulos: avance y cumplimiento de los acuerdos de paz con las Farc, situación de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, acceso a la justicia y lucha contra la impunidad, juicios sobre actuación de la Fuerza Pública (Ejército y Policía, principalmente), situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y otros.

Una cosa debe ser la objeción por las formas y por los límites de la actuación de los delegados de la ONU, y otra la conciencia -y las actuaciones consecuentes- de los graves hechos que en estos informes se ponen de presente. En este último se dice, precisamente, que en lo relativo a la muerte de defensores de derechos humanos, “reducir el análisis a una consideración numérica impide entender y atender las causas estructurales de la violencia” en contra de ellos.

El informe no descubre, simplemente recuerda cosas que el país conoce, o debería conocer: persistencia de altos niveles de violencia, grupos ilegales perpetradores de toda clase de crímenes, ausencia de autoridades civiles en zonas rurales, falta de acceso a la justicia y persistencia de la impunidad, desigualdad económica y social, los altos índices de corrupción como impedimento al cumplimiento de la obligación estatal a asignar recursos para garantizar los derechos económicos y sociales, discriminación contra las mujeres, violencia contra menores de edad…

Otros postulados sobre actuaciones de la Fuerza Pública, o la reorganización del Esmad, deben mirarse más detenidamente, sin desconocer que el Estado colombiano, aunque sujeto a toda una serie de obligaciones normativas internacionales y nacionales, es el que tiene la potestad de establecer su propia organización para el manejo de la seguridad y defensa.

* Internacionalista