Distrito enfrenta más de 1.600 procesos judiciales

En lo que va del 2020, ya se han notificado 85 acciones de tutela contra la administración distrital en casos relacionados con servicios de atención por parte de las EPS, en las que se vincula al Distrito dentro de los demandados.

La Alcaldía distrital actualmente enfrenta no menos de 1.600 procesos judiciales que han logrado ser cuantificados por la Dirección Jurídica del Distrito encargada de todo lo relacionado con la prevención del daño antijurídico de la Administración Distrital, así como el asesoramiento jurídico a las distintas dependencias del nivel central y descentralizado, así lo indicó la jefa de esta cartera, Sandra Daza.

Según la funcionaria distrital, la cifra que recoge desde acciones judiciales constitucionales, populares, de cumplimiento y tutelas suma valores superiores a los $106 mil millones en cada una de estas acciones en sus pretensiones que buscan desde reparación moral, hasta el pago de indemnizaciones por supuestas violaciones de derechos.

La cifra que podría seguir aumentando, no solo por el panorama de litigiosidad contra el Distrito, que señala Sandra Marieth Daza en ocasiones se presentan relacionando al ente territorial, sin verdadera justificación; también lo haría teniendo en cuenta que existe un vacío también en la información por lo que se hará necesario el levantamiento no solo en los juzgados y tribunales de la ciudad, sino también del país.

Entre los 1.600 procesos activos, se encuentran al menos 993 acciones de tutela con corte al año 2019, siendo en lo que va de la actual vigencia presentadas ya 85; a las que se suman en base de datos al menos 708 procesos cuantificados, la cual es alimentada diariamente al hallarse nuevos procesos que incluso llevan más de 12 años en los cuales hay pretensiones contra el Distrito, y no se hacía seguimiento para la defensa de la administración.

 “Tenemos la situación de varias acciones de tutela por temas relacionados con la prestación del servicio de salud por parte de las Eps, en el cual el afectado acciona dentro de los demandados contra el Distrito; así como procesos por docentes por el pago de prestaciones, que en esos proceso el ente territorial, no tendría por qué ser demandando, porque en este caso, las prestaciones son pagadas por la fiducia”, señala la funcionaria, que en lo que respecta a tutelas de este tipo muchas no prosperarían contra el Distrito.

 Precisamente, ante este panorama dentro de las acciones anunciadas para este periodo la Directora de Jurídica señala que se contratará una empresa para el levantamiento de todos los procesos contra el Distrito; la implementación de la resolución que reglamente el trámite de propiedad horizontal, así como la implementación de un portal web donde se pueda consultar sobre las posiciones del Distrito frente a algunos temas.

CASOS RELEVANTES:

Entre los casos de acciones populares relevantes para la ciudad, la Directora de Jurídica señala que destacan la acción popular presentada por el Distrito para lograr la recuperación del Mercado Público y que en el año 2015 permitió dentro de las medidas cautelares el retorno de los inmuebles a la administración local. Lo más reciente sobre el proceso arbitral que se surtió en la Cámara de Comercio de Santa Marta, que falló a favor del Distrito evitándose así tener que pagar $32mil millones a la Sociedad Obras y Proyectos del Caribe S.A.

Otro de los más conocidos fue la Acción Popular instaurada por el exalcalde y hoy gobernador  Carlos Caicedo, la cual fue fallada a favor de la ciudad por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Santa Marta, que ordenó la entrega de las redes de acueducto y alcantarillado al ente territorial y posteriormente la terminación del contrato.

Ante la cual, la empresa Metroagua, interpuso ante la Cámara de Comercio una demanda arbitral pretendiendo el pago de $32 mil millones, por unas presuntas inversiones efectuadas al mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado durante la ejecución del contrato, la cual en el Tribunal De Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santa Marta se archivó y declaró fallido el proceso conciliatorio en Auto No. 09 de fecha 8 de noviembre de 2019.