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Para el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero, la vía del Congreso, a través de un acto reformatorio de la Constitución, sería la más adecuada para el proceso deliberativo y participativo que exige una reforma estructural a la Justicia´./Colprensa
En medio de la peor crisis de corrupción que ha tenido que enfrentar la Rama Judicial, las Altas Cortes, la Fiscalía y la Procuraduría firmaron un Gran Acuerdo Nacional para impulsar de manera conjunta una reforma estructural a la Administración de Justicia.
Se acordaron allí una serie de parámetros para hacer esta reforma como la revisión de las facultades electorales de las altas Cortes, la revisión del sistema de disciplina de jueces y abogados y la revisión de requisitos y procedimientos de elección de magistrados de altas cortes; así como el sistema de investigación y juzgamiento de los aforados.
En entrevista con HOY DIARIO DEL MAGDALENA y Colprensa, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero, habla sobre los puntos que debe contener una reforma a la justicia y por qué esta vez participará en el debate, cuando tradicionalmente la Corte suele alejarse de estos asuntos ya que la eventual reforma que salga puede ser objeto de estudio posteriormente en ese tribunal.
Por primera vez la Corte Constitucional designa a un integrante para participar en la construcción de una eventual reforma a la Justicia. ¿Cómo y porqué surge está iniciativa?
Realmente es excepcional. La Constitución le atribuye a la Corte Constitucional iniciativa legislativa en materias relacionadas con sus funciones. En ejercicio de esa competencia, es posible que la Corte participe en la discusión y trámite de asuntos que, en esos campos, deban considerarse por el Congreso de la República. No es usual que la Corte, o los magistrados que la integran, participen en el trámite de proyectos de ley o de reforma constitucional, porque eventualmente, les correspondería pronunciarse sobre ellos y esa previa participación se configuraría en un impedimento.
Sin embargo, en esta oportunidad, ante la gravedad de los hechos que han conmovido a la opinión pública y frente la percepción de que hay una especie de bloqueo interno a las pretensiones de reforma a la Justicia, se planteó en Sala Plena la conveniencia de que uno de sus magistrados, y en este caso, el Presidente de la Corporación, a título individual, participara en el debate. Esto, para aportar, además de sus percepciones sobre las distintas propuestas de reforma, una visión desde el debate que en la Corte se ha dado en torno a las últimas reformas y de las razones que llevaron a su inexequibilidad. Se trata de participar en la etapa de construcción de la reforma, y no solo en el estadio posterior del control.
¿Por qué es importante que en esta reforma participe un integrante de la Corte Constitucional?
Creo que eso lleva un mensaje claro al país sobre la existencia de un compromiso de todos los poderes públicos de avanzar en las acciones que sean necesarias para recuperar la confianza pública en la administración de justicia.
¿Qué elementos considera usted deben tenerse en cuenta para la reestructuración de la Rama Judicial, y poder contrarrestar las crisis que se presentan como en el reciente caso del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo?
Aunque me parece claro que la crisis actual requiere respuestas y acciones urgentes, considero que en asuntos de diseño institucional no es posible reaccionar de manera apresurada frente a las coyunturas. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, por un lado, y el Ministerio de Justicia, de otro, han venido trabajando de tiempo atrás en la identificación de los elementos que es preciso modificar en la administración de justicia y en la elaboración de propuestas concretas. La idea es adelantar un trabajo conjunto que permita decantar una propuesta que tenga un sólido fundamento conceptual y que realmente sea capaz de ofrecer respuestas a los problemas más graves de la justicia.
En aspectos puntuales, frente a la crisis actual, creo que se ha avanzado en la necesidad de definir, por ejemplo, mecanismos que permitan, sin lesión de la garantía de la presunción de inocencia, la suspensión inmediata de magistrados que estén siendo investigados a partir de evidencia, en principio, suficiente.
También hay aproximaciones importantes en torno a la necesidad de fortalecer la capacidad investigativa de quien tenga a su cargo el juzgamiento de los aforados constitucionales, de manera que, en las que deben ser excepcionales oportunidades, en las que se advierta la presencia de conductas desviadas, se pueda actuar con celeridad y firmeza, tanto para la depuración de la función, como para la imposición de drásticas sanciones a quienes sean hallados responsables.
Del mismo modo, se está mirando con detenimiento la manera de que los mecanismos de acceso a la magistratura en las altas cortes aseguren, en el nivel más alto posible, la idoneidad ética y profesional de los magistrados.
Como esas, se están considerando y sopesando diversidad de medidas, en un proceso que se aspira sea abierto a la participación ciudadana y receptivo a las ideas que se han planteado desde diversas fuentes de la sociedad civil.
¿Considera usted que debe hacerse reformas internas a los reglamentos de las altas cortes y qué aspectos deberían tenerse en cuenta para esa reforma?
Ya la Corte recientemente actualizó su reglamento interno y entiendo que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado avanzan en un proceso similar, orientado, en lo esencial a hacer más transparentes los procedimientos internos y activar mecanismos de información y de rendición de cuentas. En la Corte Constitucional, por ejemplo, entre los aspectos que fueron objeto de esa reforma reglamentaria se encuentra el trámite interno de selección de tutelas, en el que se definió un mecanismo sujeto a una serie de parámetros y con participación del Ministerio Público y en el que seguimos trabajando con el propósito de enfrentar, de la manera más eficiente y transparente, el muy elevado número de tutelas que diariamente llegan a la Corte.
Desde el Gobierno han planteado modificar el periodo de los magistrados, esto es ampliarlo de 8 a 15 años, ¿está usted de acuerdo con esa propuesta?
Es una propuesta interesante, que debe evaluarse. Un periodo de 8 años permite una periódica renovación en la magistratura, y de ese modo, la llegada de nuevas percepciones, o la reafirmación, con renovados criterios, de la jurisprudencia que ha logrado consolidarse. Como debilidad, podría señalarse, la posible inestabilidad institucional y jurisprudencial que genera la necesidad de renovar en periodos que pueden considerarse cortos en tiempos institucionales, la composición de los tribunales. Por el contrario, periodos más largos, contribuyen a la estabilidad institucional y jurisprudencial, lo cual, a su vez, repercute sobre la seguridad jurídica. Permiten una más firme consolidación de la jurisprudencia, en la medida en que el proceso de maduración institucional va de la mano con un conjunto de actores que se mantienen en la función durante todo el tiempo requerido para ello. En dirección contraria, particularmente, en la Corte Constitucional, un periodo ampliado puede, en un momento dado, reducir demasiado la interlocución, que se da por la vía de la reconformación periódica del tribunal, entre la Corte y los órganos de configuración política.
Se trata de un tema que hay que sopesar con cuidado.
También se plantea aumentar la edad para aquellos que quieran llegar a ser magistrados. Se parte de la base de que sean personas con 50 años de edad. ¿Que opina al respecto? ¿Considera que esa iniciativa serviría para evitar casos de corrupción?
Siempre he pensado en que, no obstante los muy notables casos de magistrados que han llegado muy jóvenes a la magistratura, institucionalmente es deseable que ese sea un punto de llegada, de culminación de la carrera profesional, y no un punto de partida para futuros emprendimientos. Ello permitiría que a la riqueza de la formación jurídica y la energía que aporta la juventud, se sume la experiencia y la madurez. Desde un punto de vista práctico, evitaría que al concluir la magistratura sea todavía necesario proseguir en la vida profesional activa, particularmente en el litigio, lo que no deja de resultar inconveniente. No tendría claro cuál debiera ser la edad mínima de acceso, pero sí creo que debe fijarse una.
Se ha planteado también la eliminación de las facultades electorales que hoy tienen las altas cortes. En ese punto se han hecho dos tipos de propuestas: una es la cooptación y la otra que la potestad para elegir magistrados esté a cargo de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. ¿Comparte usted estas propuestas o cuál cree es la forma de elección que debería plantearse?
En este punto es preciso distinguir entre las competencias electorales externas, que se le asignaron a las cortes en la Constitución del 91, con el propósito de despolitizar el acceso a ciertos cargos, y las funciones electorales internas, que tradicionalmente han tenido las Cortes, pero que han sido objeto de modificaciones en el tiempo. En relación con las primeras, todas las Cortes han expresado, de tiempo atrás, que nunca han tenido interés en esas competencias y que preferirían que la administración de justicia no asumiera ese tipo de funciones, ajenas a sus cometidos jurisdiccionales. En las segundas, si bien hay inconvenientes en el diseño y en la práctica, no es claro que las cortes deban marginarse de la función. Se trata de autocomposición como factor de independencia.
Es preciso avanzar en la definición de los perfiles y de los mecanismos que sirvan de una manera adecuada a la configuración de las cortes de conformidad con esos perfiles. Es un asunto delicado que debe ponderarse con el mayor cuidado y podría ser eje central de cualquier propuesta de reforma.
¿Cómo cree usted que debería ser esa reforma a la justicia? ¿Vía referendo o una constituyente?
Creo que la vía del Congreso, a través de un acto reformatorio de la Constitución, sería la más adecuada para el proceso deliberativo y participativo que exige una reforma estructural a la Justicia./Colprensa