Imputación a oficiales vinculados con asesinato de campesinos en Tumaco, Nariño

 

Este jueves se realizó la audiencia de formulación e imputación de cargos contra el mayor del Ejército Nacional, Luis Fernando González Ramírez, y el capitán de la Policía, Javier Enrique Soto García, por los hechos ocurridos el 5 de octubre de 2017 en zona rural de Tumaco, Nariño, donde murieron siete personas y otras 22 quedaron heridas.

En la diligencia judicial, que se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Pasto ante el juzgado Primero Penal Ambulante con función de Control de Garantías, se les imputó a los dos oficiales los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, lesiones personales y omisión.

Los hechos tuvieron lugar en la vereda El Tandil, del corregimiento de Llorente, en el municipio de Tumaco, cuando al promediar las 9:00 de la mañana de aquel 5 de octubre se presentaron disturbios entre la Fuerza Pública y un numeroso grupo de campesinos que realizaba una protesta en contra de la erradicación de los cultivos de coca, argumentando incumplimientos del Gobierno Nacional.

Durante la audiencia, los miembros de la Fuerza Pública argumentaron que la noche anterior a los hechos habían sido atacados con tatucos por posibles miembros del grupo disidente Óliver Sinisterra, al mando de alias ‘Guacho’. De igual forma, expresaron que en la mañana del 5 de octubre, antes que se presentaran los hechos, fueron hostigados con bombas y disparos por parte de los campesinos.

Sin embargo, en el relato de las Fiscalía esto nunca ocurrió, ya que los peritos que estuvieron en el lugar después de presentados los hechos no encontraron evidencias en el terreno de detonaciones o disparos que hubieran realizado los labriegos.

Al contrario, preliminarmente se determinó que todos los disparos al parecer fueron realizados desde el lugar donde se encontraban los militares hacia el grupo de campesinos, a unos 150 metros de distancia. A su vez, algunas personas que estuvieron en el hecho, les manifestaron a los investigadores que ellos estaban preparados con caucheras, piedras y palos para un enfrentamiento con el Esmad de la Policía y que nunca se imaginaron que les iban a disparar a quemarropa.

La Fiscalía también señaló que los oficiales a cargo del operativo omitieron las recomendaciones para los subalternos de no disparar, de igual manera no se tomaron las debidas precauciones para que no sucediera esta masacre.

Se reveló que durante los hechos, dos agentes de la Policía dispararon durante diez minutos. De igual forma, unos testigos señalaron que el capitán Soto sacó su arma de dotación e hizo un disparo al aire, y fue cuando comenzaron las ráfagas. La Fiscalía tiene en su poder varios videos donde se observa la acción de los militares y la declaración juramentada de los testigos.

Hasta el momento no se ha podido establecer si ese día los miembros de la Fuerza Pública fueron objeto de un ataque por parte de un grupo al margen de la ley.

Los hechos fueron narrados de forma detallada durante una hora por parte de la Fiscalía y la defensa no presentó ninguna objeción, sino que expresaron que esperan a la próxima audiencia.

Los indiciados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, a su vez el Fiscal del caso declinó la medida de aseguramiento para los dos oficiales, que siguen vinculados al proceso, argumentado que ellos y las instituciones a quienes pertenecen habían colaborado en la investigación y no representan un peligro para la sociedad.

 

LAS VÍCTIMAS

En el recinto se encontraban algunos familiares de los fallecidos, entre ellos Melinto Cortez, padre de Yaner Cortez, quien falleció en la zona. “No hay nada concreto, no hemos avanzado nada, la Fiscalía tiene todas las pruebas, que son contundentes, pero no hay nada de resultados para un juicio con respecto a este crimen, es algo injusto luego de 14 meses”, comentó.

En cuanto al tema de seguridad, expresó que le parece extraño que el Estado no sea capaz de brindar seguridad en este hecho. “Esta audiencia se pudo realizar en cualquier ciudad pero a tiempo. Los responsables de la masacre están libres y nosotros no podemos superar el dolor de la pérdida de nuestros hijos, es precisos que haya justicia y se ponga como un precedente un castigo ejemplarizante”, agregó Cortez, quien agregó que luego de estos hechos el Gobierno no ha hecho presencia en la zona con ayudas, pero la erradicación continua.

La audiencia tenía que realizarse en un juzgado de control de garantías en Tumaco, pero había sido aplazada en varias oportunidades, ya que la Fiscalía argumentó que por motivos de seguridad no se había podido efectuar y que en la ciudad costera no estaban dadas las condiciones.

Las personas que murieron fueron identificados como Diego Escobar Dorado, Nelson Chaguengo Calamba, Yanier Eusberto Cortez, Jaime Guanga Pay, Alfonso Taicus, Aldemar Gil Guacheta, e Iván Darío Muñoz Echavarría.

De igual manera resultaron heridos Héctor Alirio Alpala, John Almeida Unigarrio, Oscar Iván Ramírez Córdoba, Edison  Tobar Sanabria, Silvio Peña Cruz, John Mario Ramírez Rojas, Benancio Rivera, José Hernán de la Cruz,  Yilber Campo Muñoz, Juan AlbeiroFranco, Giovanni García, Cesar Murcia Sierra, José Gregorio Muñoz Restrepo, Leider Orlado Paz, Yesus Arroyo Arcos, John Eider España, Luis Carlos Bravo Jurado, Marco Raúl Valencia   y dos menores de edad.

 

 

PASTO (Colprensa).