El documento fue firmado por Jaime Arias, Augusto Galán, Gabriel Riveros, Alejandro Gaviria y Beatriz Londoño, entre otros y advierten que el Gobierno cerró el 2025 sin corregir esos rezagos históricos de la UPC, incumpliendo nuevamente las órdenes de la Corte Constitucional relacionadas con el reconocimiento de insuficiencias pasadas, omisión que prolonga el desacato e incrementa los desafíos del sistema.

Un grupo de exministros y viceministros de salud alertó acerca de que el sistema de salud inicia el 2026 más desfinanciado y con decisiones erráticas que agravan los riesgos para pacientes y usuarios.

Los exfuncionarios aseguraron que las decisiones adoptadas por el gobierno nacional en el último tiempo han producido mayor incertidumbre, mayores barreras de acceso y mayor sufrimiento para los pacientes del sistema.

 “El año 2025 terminó mal para quienes dependen del sistema de salud, y el 2026 comienza con decisiones que profundizan la desfinanciación y el deterioro del servicio, adoptadas con preocupante indiferencia frente a las advertencias técnicas, institucionales y humanas que se han hecho a lo largo de todo el año anterior”, indicó el grupo de exministros de Salud.

El grupo recordó que la Corte Constitucional, con Autos proferidos en 2024 y 2025, ha reiterado que el sistema de salud enfrenta un problema estructural de desfinanciación, asociado de manera directa al cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Además, la Procuraduría General de la Nación ha advertido sobre la fragilidad financiera del sistema y la ausencia de rigor técnico en las decisiones de política pública; la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el deterioro del acceso a los servicios, el aumento sostenido de quejas y tutelas y la creciente angustia de pacientes y familias; y la Contraloría ha advertido que las ocho intervenciones administrativas adelantadas a EPS no han corregido las causas estructurales de la crisis.

Para los exfuncionarios esta situación se ha visto agravada con las decisiones del Gobierno, como el incremento al salario mínimo.

 “El incremento del salario mínimo decretado para 2026, aunque mejora el poder adquisitivo de cerca del 10 % de la población laboralmente activa, genera un efecto significativo sobre las finanzas públicas y sobre el sistema de salud. De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal el déficit aumentaría en 5,3 billones este 2026 por esa razón. De otra parte, se estima que este aumento implica un costo adicional cercano a 4,5 billones de pesos para el sector salud, equivalente aproximadamente al 40 % de los recursos anunciados por el propio Gobierno para el incremento de la UPC”, indicaron los exfuncionarios a través de un comunicado./Colprensa