Las advertencias energéticas de la Contraloría

El nivel de riesgo a que se expone el país por cuenta de la controvertida política minero-energética del actual Gobierno es cada día más alto y está suficientemente diagnosticado. Sin embargo, no por ello el Ejecutivo ha cambiado su intención de marchitar de forma improvisada, antitécnica y sin soporte económico alguno la industria del petróleo, el carbón y el gas. Paradójicamente, en medio de la actual crisis fiscal los recursos por impuestos, divisas, regalías y transferencias directas provenientes del rubro de los hidrocarburos continúan siendo la principal fuente de ingresos del fisco nacional, tal como lo evidencian informes recientes del DANE, DIAN, Banco de la República y otras instancias en cuanto a Producto Interno Bruto, balanza comercial, inversión extranjera, presupuestos público y recaudo tributario, entre otros indicadores.

En ese orden de ideas, no sorprende, pero sí aumenta la preocupación de múltiples sectores del país la advertencia que ayer emitió la Contraloría General al Ministerio de Minas y Energía y demás entidades gubernamentales sobre los cuatro riesgos que amenazan la seguridad energética nacional y plantean, incluso, el peligro de un inminente desabastecimiento en este campo.

No se trata de un campanazo más de los tantos que se han dado en los últimos dos años en torno a los peligros que se ciernen sobre este sector por las políticas oficiales. La Contraloría sustenta su alerta en los resultados de un profundo y muy detallado estudio sobre “Seguridad y Confiabilidad Energética en Colombia, 2010-2026”, elaborado por la delegada de Minas y Energía.

Esa investigación reveló que el menor dinamismo minero-energético llevará a una baja significativa en los ingresos de la Nación, principalmente en el rubro de las regalías. Este es un tema grave, más aún si, como lo hemos reiterado en estas páginas, dichos recursos (que para el 2025-2026 ascenderán a más de 29 billones de pesos) hoy están convertidos en una de las pocas fuentes de financiación e inversión social real en gobernaciones y alcaldías.

En segundo lugar, resulta evidente que, a menor producción de hidrocarburos, más temprano que tarde será necesario comenzar a importar combustibles para suplir la creciente demanda interna, que obviamente serán más caros. Y esto lleva a que el Estado tenga que destinar más recursos para sufragar los subsidios a los servicios públicos, sobre todo en los estratos más pobres. Incluso, la Contraloría advierte que este es un riesgo que “prácticamente” ya se está materializando, pues peligra la prestación del servicio de energía eléctrica por el no giro de cerca de 2,5 billones de pesos a las empresas prestadoras. Y esa demora, sin duda alguna, tiene relación directa con la aguda crisis fiscal que arrastra el Gobierno nacional central, la misma que ya lo obliga a recortar asistencias y transferencias monetarias.

El tercer campanazo del ente de control subraya que, al incrementarse los niveles de subsidio a los hidrocarburos, producto de la posible alza en sus precios, aumentará el ya de por sí billonario déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Este no es un tema menor, no solo por el impacto que tuvo en la inflación y el bolsillo de los colombianos igualar el precio interno de la gasolina al valor internacional, sino porque ahora ya no se podría seguir aplazando un proceso similar en lo relativo al diésel, con un coletazo socio-económico superlativo. Para dimensionar lo que significa este faltante baste señalar que en los últimos quince años el desfinanciamiento de ese Fondo ascendió a cien billones de pesos, recursos cubiertos en parte con presupuesto público. Es decir, con dineros de todos los colombianos que deberían haber sido dirigidos a inversión social y combatir la pobreza y desigualdad.

Finalmente, pero no menos importante, hay que precaver que, al apostar, como lo está haciendo este Gobierno, a la no celebración y continuación de contratos de exploración y explotación en materia de hidrocarburos y carbón, la inversión extranjera directa disminuirá en Colombia, circunstancia que golpeará el PIB −que hoy apenas si está creciendo al 1,6% entre enero y septiembre− y la tasa de cambio. Esto último con el agravante de que presiones alcistas del dólar podrían empujar el costo de vida e incluso el valor de la deuda externa.

Como se dijo, no es la primera vez que se le advierte al Ejecutivo de los efectos perjudiciales de su anacrónica e ideologizada política en materia de seguridad y soberanía energéticas. Gremios, expertos, exministros, centros de estudios especializados, Congreso y otras instancias llevan dos años largos prendiendo las alarmas ¿Prestará atención la Casa de Nariño a esta nueva advertencia? Lamentablemente, todo hace indicar que no.