La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) informó que interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra el decreto 1469 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el salario mínimo para 2026 con un incremento del 23,7%. De manera paralela, la organización solicitó la suspensión provisional inmediata de la medida.

Según explicó Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de Fenalco, el decreto vulnera el marco legal y constitucional vigente al apartarse de los criterios obligatorios establecidos para la fijación del salario mínimo. A su juicio, el Ejecutivo reemplazó las variables económicas definidas por la ley —inflación, productividad, Producto Interno Bruto (PIB) y participación de los salarios en el ingreso nacional— por el concepto de “salario vital”, sustentado en referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que no tienen carácter vinculante en el ordenamiento jurídico colombiano.

Cabal señaló además que se desconoció la competencia exclusiva del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cual constituye el fundamento esencial para la medición de la inflación en el país.

El dirigente gremial cuestionó que el decreto no exponga de forma clara, verificable y técnicamente sustentada cómo se pasó de unas variables económicas que, según Fenalco, justificaban un ajuste del 6,21%, a un aumento del 23,7% en el salario mínimo.

En ese contexto, Fenalco argumentó que la aplicación inmediata de la medida genera impactos irreversibles sobre la economía nacional, entre ellos mayores presiones inflacionarias, pérdida de empleo formal, incremento de la informalidad, afectaciones al aparato productivo y un deterioro de las finanzas públicas.

Por estas razones, el gremio solicitó al Consejo de Estado dejar sin efectos el decreto y suspender su aplicación mientras avanza el análisis judicial, con el fin de salvaguardar el interés general, la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país.

“Esta no es una discusión contra los trabajadores, quienes se verán seriamente afectados por la inflación que se derive de esta medida. Se trata de una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país. Hacemos un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general por encima de los intereses politiqueros del Gobierno”, concluyó Cabal Sanclemente.