El deterioro del ambiente de inversión en Colombia tendrá consecuencias electorales, reflejándose en el presupuesto de 2025 que afectará a los aliados del Gobierno. Aunque el colapso económico no es evidente en las cifras del PIB, con un crecimiento de 2% en el tercer trimestre de 2024 y proyecciones para 2025 de entre 2,5-2,9%, la falta de inversión está frenando el recaudo tributario. Formalmente, el Gobierno recortó el presupuesto de 2024 en $28,4 billones, a lo que podrían sumarse $10-15 billones más por no ejecución. Además, con la caída de la ley de financiamiento, se prevé un ajuste adicional de $12 billones en enero de 2025 y entre $18 y 28 billones durante el resto del año. En este contexto, ganar las elecciones a punta de subsidios será muy difícil. Muchos líderes de izquierda se formaron en los 70 con el desarrollismo: el progreso económico como herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza. Estos dieron prioridad a la construcción de vías, trenes, plantas eléctricas, minas, campos petroleros, colegios, y hospitales. Sus más recientes iteraciones en Brasil y México llevaron a aumentos del crecimiento económico con incrementos de recaudo, lo cual generó un dividendo de subsidios sociales. En ambos casos, se eligieron sucesores designados. Colombia enfrenta un panorama diferente, el énfasis no fue de resultados, sino de cambios de modelo. Un maximalismo de protección ambiental frenó la posibilidad de licencias, incluso para proyectos de energía renovable. Intentos de estatizar sectores clave como la salud y la energía generaron incertidumbre, desincentivado inversión. En infraestructura, la ausencia de inversión privada en infraestructura pública limitó nuevas obras. Además, la creación de nuevos trámites frenó en seco el sector vivienda. Son cambios filosóficos que no están dando resultados. Con el nivel de inversión total (público, privado, o extranjero) más bajo en 20 años, 13,4% del PIB en el primer trimestre de 2024, es poco probable que las tesis del continuismo se impongan. Aún mejoras recientes de formación bruta de capital, se entienden como el rebote estadístico de la caída de 26,3% en 2023. Ni siquiera en los peores momentos de la pandemia la inversión cayó tanto, el que no siembra no cosecha. En general, los subsidios con impacto electoral son los que se dan en especie. Son iniciativas como la expansión de Familias en Acción, aumentar el bono de adulto mayor, las viviendas gratis o la alimentación infantil. Los subsidios abstractos como congelar el precio de peajes, bajar costo del Soat, subsidiar el diésel o los servicios públicos, nadie los agradece cuando están, pero todo el mundo se queja cuando los quitan. Incluso, los ciudadanos que se benefician de subsidios en especie tienden a agradecerlos al que los dio, no al que los mantuvo. En el remate del último año del Gobierno, lo que no empiece o esté en ejecución se volverá más complejo durante el año electoral. En un sentido histórico, muchas veces los gobiernos se miden por lo que hicieron, no por lo que intentaron hacer. Sin logros en reformas legislativas ni avances en seguridad, las buenas intenciones filosóficas solo se las lleva el tiempo. Es hora de que el Gobierno piense en su legado: sin inversión, las cosas no cambian. *Exdirector de Planeación Nacional