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Para Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, “este ejercicio nos muestra que más allá de la emergencia sanitaria, los recursos públicos están atendiendo problemas de fondo causados por la inequidad, la exclusión y la falta de oportunidades.
117 financiadores de las campañas territoriales de 2019 han recibido contratos en el marco de la emergencia por la pandemia. Así lo manifestó la Alianza ‘Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos Covid-19’, en la que participan siete organizaciones de la sociedad civil de distintas regiones del país, en su segundo informe sobre la ejecución de recursos públicos.
Las organizaciones señalaron que si bien esto “no representa automáticamente una inhabilidad o incompatibilidad” sí genera alerta. “El monto de las contribuciones hechas a campañas por estos contratistas es superior a 4,7 mil millones de pesos, mientras que el valor de los contratos que reciben es aproximadamente tres veces mayor, ascendiendo a 12,5 mil millones de pesos”, subrayaron.
En el informe se tuvieron en cuenta contratos celebrados entre el 16 de marzo, fecha en que se decretó por primera vez el estado de emergencia, y el 25 de mayo. Se indica que el monto total de contratos identificados en el país asciende a cerca de 2 billones de pesos. “En el periodo del reporte se celebraron 11.676 contratos por cerca de 2 billones de pesos para atender la emergencia Covid-19 en todo el territorio nacional, un monto similar al presupuesto de Familias en Acción para el año 2020”, manifiestan.
Así mismo, se afirma que la mayor parte de la contratación (53%) se hizo en las primeras cuatro semanas de la emergencia. En ese espacio de tiempo se celebraron contratos por más de un billón de pesos. A partir de la quinta semana, el ritmo de contratación descendió significativamente.
De acuerdo con el reporte, sigue predominando la contratación directa justificada en la urgencia manifiesta. El 46% de los contratos se hicieron bajo esta modalidad, por un monto superior a 1,2 billones de pesos.
“El mayor gasto en todo el país ha sido la compra de alimentos. Según la clasificación de contratos usada SECOP I y II, la principal categoría de gastos de contratación ha sido la de alimentos, por una suma mayor a 155 mil millones de pesos”, se expresa.
La segunda categoría que agrupa mayor gasto es “servicios políticos y asuntos cívicos”, la cual comprende gastos logísticos, de promoción de políticas de aislamiento, atención especial para adultos mayores, entregas de kits, entre otros, por un valor de 109 mil millones. En tercer lugar, se encuentran gastos administrativos, por un monto de 103 mil millones de pesos. En cuarto lugar, se identifican contratos de adecuación y de infraestructura, por 97 mil millones. Sólo hasta el quinto lugar aparece la categoría de “servicios de salud” por un monto de 91 mil millones de pesos, y en sexto lugar la categoría de “equipo médico, accesorios y suministros” también por un valor de 91 mil millones de pesos.