Fiscal denuncia desaparición y destrucción de muchas pruebas

La doctora  Patiño expresó su alarma por la desaparición de documentos esenciales para la investigación, indicando que solo quedan “rastros” y “vestigios” de la contratación. Según la Contraloría, al menos 69 cajas de pruebas han desaparecido.

Igualmente, la Fiscalía reveló que Pinilla admitió haber eliminado conversaciones comprometedoras en WhatsApp. «Yo eliminé el chat porque yo decía, yo no estaba metido en el delito, yo decía, eso era una evidencia y no», citó la fiscal.

La desaparición de estos chats y documentos, según Patiño, evidencia la intención de los implicados de obstruir la justicia.

La Fiscalía presentó ayer miércoles ante un juzgado de Bogotá las pruebas que respaldan la solicitud de prisión preventiva para López y Pinilla, así como para López Rosero.

Los acusados están implicados en un millonario desvío de fondos destinados a la atención de desastres, con cargos que incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento privado y público.

Patiño argumentó que los acusados representan un «peligro para la comunidad» y subrayó la urgencia de imponer medidas de aseguramiento para evitar la manipulación y adulteración de pruebas.

La fiscal destacó que la detención preventiva es esencial para proteger la integridad de las pruebas y garantizar que no se interfiera en la administración de justicia. López y Pinilla podrían enfrentar penas de entre 8 y 22 años de cárcel, mientras que la pena para López Rosero podría reducirse a una cuarta parte debido a su rol como interviniente.

Línea de tiempo

Según una línea de tiempo presentada por la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, la “organización criminal” en el interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre comenzó a estructurarse con una visita presidencial a La Guajira a la que Olmedo López asistió con el entonces asesor jurídico de la Unidad, Pedro Rodríguez.

Tras la ida al norte del país, Luis Eduardo López cotizó por primera vez, con la empresa Kenworth de la Montaña, algunos carrotanques, pues así se lo había encargado Pedro Rodríguez. La evaluación llevó a que el 6 de septiembre Rodríguez le presentara a Sneyder Pinilla la primera propuesta de carrotanques, presentada por la empresa Luket.

Luket era una empresa del ‘Pastuso’ que, además, buscaba quedarse con el contrato de materiales de construcción para San Pablo, Nariño. Según los interrogatorios de Pinilla en la Fiscalía, precisados por la Fiscalía en la audiencia de este miércoles, López le habló directamente al exsubdirector para adquirir otros contratos.

De acuerdo con Pinilla, López, quien llevaba tiempo siendo contratista del Estado, tenía unas “deudas” que “otros gobiernos” no le habían pagado, pero que la Unidad, con la dirección de Olmedo López, podría suplir a través de órdenes de proveeduría asignadas a las empresas encabezadas por el nariñense.

Pedro Rodríguez le informó a Pinilla en septiembre del año pasado que ya tenía proveedor para suministrar los ochenta carrotanques y afirmó que en el negocio “iban a ganar todos”. Entre el 18 y el 21 de septiembre Carlos Ramón González, entonces director del Dapre, ordenó conseguir contratos para los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle.

En un principio la orden fue de encontrar convenios de $60.000 millones para Name y de $10.000 para Calle. La directriz luego cambió para entregar en efectivo $3.000 millones al entonces presidente del Senado y $1.000 millones al recién salido presidente de la Cámara de Representantes. Pinilla era el encargado de conseguir el dinero.

Olmedo López dio fe de las instrucciones de González en sus interrogatorios con la Fiscalía. “Aprovechábamos los tiempos de los consejos de ministros”, manifestó el exdirector de la UNGRD, al tiempo que apuntó que las reuniones ocurrieron en el Palacio de Nariño, a donde los presuntos implicados llegaban antes de las convenciones ministeriales.

“Cuando había reunión con el doctor Carlos Ramón, uno sabía que siempre era en el Dapre”, el despacho del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que está ubicado en el tercer piso de la Casa de Nariño. Ante las preguntas de la Fiscalía, López indicó que González subrayó “que era necesario cumplirles” a Name y Calle.

La fiscal Patiño narró que el 30 de septiembre Pedro Rodríguez le presentó a Luis Eduardo López a Sneyder Pinilla. En el encuentro “se terminó de concretar el direccionamiento de los contratos y los porcentajes de las coimas entregadas a las empresas de Luis Eduardo López Rosero”. De esa conversación Olmedo López “tenía pleno conocimiento”.

Tras cerca de cuatro meses, encuentros en Palacio y acuerdo entre las personas implicadas, en el interior de la UNGRD se conformó lo que la fiscal calificó como una “organización criminal con proyección futura”, de la que veintiún contratos y órdenes de proveeduría fueron desviados, entregados a dedo o entregados como coimas.

En el entramado criminal, según un organigrama presentado durante la audiencia de medida de aseguramiento, participaron personas que hasta ahora no han sido presentadas ante la justicia, como el propio Pedro Rodríguez; el director del Departamento de la Función Pública, César Augusto Manrique, y el subdirector Luis Carlos Barreto.