La Fiscalía General de la Nación solicitó este miércoles al juez 35 de control de garantías de Bogotá la detención preventiva en una guarnición militar de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y el contratista Luis Eduardo López, conocido como 'El Pastuso’. La fiscal María Cristina Patiño argumenta que, además de colaborar con la justicia, los acusados enfrentan amenazas graves que justifican una medida de seguridad robusta. "La evaluación de riesgo realizada por la oficina de protección de la Fiscalía reveló un riesgo extraordinario, por lo que se ha decidido asignarles un esquema de seguridad adecuado", afirmó Patiño. Patiño también mencionó que aún quedan servidores públicos y particulares por judicializar. "Olmedo y Sneyder utilizaron su posición política para formar alianzas con funcionarios del Estado y particulares, conscientes de las graves consecuencias para la seguridad pública. Estos pactos fortalecieron las expectativas de corrupción y defraudación del erario público", explicó la fiscal. Además, advirtió que la organización criminal involucrada no ha sido desmantelada por completo y que, en libertad, los acusados podrían contactar a otros miembros de la organización. En relación con el esquema de corrupción, la fiscal Patiño destacó que "el direccionamiento de la contratación pública afectó el derecho a la igualdad de los proponentes, otorgando ventajas ilícitas y generando un sobrecosto por la corrupción”: Agregó que están involucrados en estos hechos funcionarios del Estado de todos los niveles, desde congresistas hasta directores y subdirectores de entidades, quienes recibieron dinero público de manera indebida. La Fiscalía presentó este miércoles ante el juzgado de Bogotá las pruebas que sustentan la solicitud de prisión para Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como para el contratista Luis Eduardo López. Los acusados estarían implicados en un desvío millonario de fondos destinados a la atención de desastres. Los procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad en documento público. Se prevé que López y Pinilla enfrenten penas de entre 8 y 22 años de cárcel, mientras que la pena para López Rosero podría ser reducida a una cuarta parte, dado que actuó como interviniente y no como funcionario público. BOGOTÁ, (Colprensa).-