El poder contra el derecho

Al momento de escribir estas líneas no hay nada cierto y definitivo sobre la situación política de Venezuela, tras la declaración del Consejo Nacional Electoral sobre el dudoso triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Sin esperar la contabilización oficial del ciento por ciento de la votación, sin veeduría alguna y sin el recuento solicitado por varios gobiernos como condición para reconocer la reelección presidencial, ese organismo no vaciló en declarar elegido a Maduro y le hizo entrega solemne del certificado que lo acredita como presidente de la República Bolivariana de Venezuela por seis años más.

Desde luego, ante las fundadas inquietudes que suscita lo que parece más una vía de hecho que una verificación clara y transparente de las cifras y del dictamen popular, la reacción generalizada, dentro y fuera de Venezuela, ha consistido en no dar crédito a lo resuelto por el Consejo Electoral. La oposición, encabezada por María Corina Machado, sostiene que la decisión no fue imparcial y que hubo fraude. Pocas horas después del dictamen oficial, hizo públicos los resultados que, según las actas electorales recopiladas por sus miembros en todo el país, en un porcentaje superior al setenta por ciento de los sufragios, demostrarían que el elegido fue en realidad Edmundo González, con más de seis millones de votos, mientras Nicolás Maduro no habría alcanzado los tres millones.

En las calles de Caracas y de otras ciudades se han presentado manifestaciones no propiamente pacíficas de ciudadanos opositores y numerosos enfrentamientos con la fuerza pública. Varias estatuas del fallecido líder Hugo Chávez Frías -cuyo cumpleaños número setenta celebraba el gobierno precisamente el 28 de julio- han sido derribadas, y hasta se ha propuesto un paro general mientras Maduro permanezca en el poder.

Más allá de los antecedentes políticos y de lo que pueda ocurrir, que ojalá no sea la guerra civil ni el baño de sangre que Maduro vaticinaba durante la campaña, lo cierto es que a lo largo del proceso revolucionario iniciado por Chávez y continuado por Maduro, sobre la Constitución y las leyes, han prevalecido las vías de hecho y las decisiones arbitrarias, tanto por parte del gobierno como de sus contradictores. Hace unos años, ante los resultados -también dudosos- de otro proceso electoral que culminó con la reelección de Maduro, fue elegido un presidente interino sin ninguna posibilidad real de gobierno, y ello se hizo con base en una errónea interpretación de las normas constitucionales. No se solucionó la crisis y, en cambio, hubo mayor confusión y caos.

Los acontecimientos de estos años demuestran cómo, si bien tirios y troyanos invocan la Constitución, en la práctica el gran ausente ha sido el Derecho. Todo ha sido político, y, sobre las normas, se han impuesto la voluntad del gobernante y el uso arbitrario del poder.

Recordamos a Montesquieu, cuando afirmaba que, en bien de la sociedad, es indispensable que el poder detenga al poder, sobre la base del Derecho. Y a Lord Acton: “El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente”.

Hacemos votos por una Venezuela que salga del caos propio del abuso de poder y recupere los principios democráticos.

*Exmagistrado*Profesor universitario