HOY DIARIO DEL MAGDALENA
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´Demandamos de gobierno garantías para nuestra labor´

Los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia rechazaron este lunes las presuntas “chuzadas” contra un magistrado de la Corte Constitucional.

Aseguraron que estos hechos “ponen en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una afrenta a la democracia en Colombia y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”.

“Demandamos del Gobierno Nacional las garantías para el cumplimiento de nuestra labor”, señalaron los presidentes de las Altas Cortes en un comunicado, quienes solicitaron a la Fiscalía General de la Nación “adelantar con celeridad las investigaciones pertinentes para esclarecer” la situación que afecta al magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

Esta polémica se revivió en el fin de semana luego que la Corte Constitucional pidió a la Fiscalia investigar las denuncias de un magistrado Ibáñez, quien denunció que él y su esposa están siendo víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal como presuntas interceptaciones, monitoreos y seguimientos ilegales.

A través de un comunicado de prensa, la Comisión de Disciplina Judicial pidió celeridad a la Fiscalía para que dé a conocer resultados en las investigaciones por presuntas “chuzadas” ordenadas por el Gobierno para interceptar comunicaciones de magistrados de la Corte Constitucional.

LA FISCALÍA INVESTIGA

La Fiscalía ya está investigando presuntas “chuzadas” luego de que la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón haya dispuesto, para ello, a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

“Teniendo en cuenta que nuestra política de comunicación es informar a la ciudadanía de manera clara, oportuna y transparente, en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicación, la Fiscalía General de la Nación rechaza categóricamente cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida que afecte la seguridad, protección e integridad tanto de los denunciantes y sus familias, como de las investigaciones que por naturaleza deben ser reservadas”, se lee en una de las comunicaciones del ente investigador.

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