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Justicia ratificó que elección de rector de la Nacional es legal
El profesor José Ismael Peña acudió a una acción de tutela como uno de los mecanismos jurídicos que utilizó para proteger su designación como rector de la Nacional. El gobierno perdió la partida
El Juzgado 37 Administrativo del circuito de Bogotá tumbó la Resolución 7480 del Ministerio de Educación, con la que el ministro ad hoc, Juan David Correa, le pidió al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional adelantar una sesión extraordinaria para discutir la posibilidad de nombrar un rector encargado.
José Ismael Peña acudió a una acción de tutela como uno de los mecanismos jurídicos que utilizó para proteger su designación como rector de la Nacional, luego de posesionarse en una notaría de Bogotá tras conocer que la ministra titular, Aurora Vergara, decidió no firmar las actas de la sesión en la que el Consejo optó por escoger al ingeniero.
Correa, ministro ad hoc de Educación, expidió la Resolución 7480 luego de que en un consejo de ministros Vergara manifestó su impedimento para continuar con el turbulento proceso para ratificar a Peña en la rectoría o para apartarlo del cargo. Desde entonces, Juan David Correa es representante del Gobierno en el Consejo Universitario.
El acto administrativo quedó sin efectos con la decisión del juzgado administrativo notificada este jueves. El ente judicial decidió tutelar los derechos al debido proceso de Peña y a la autonomía universitaria de la Universidad Nacional, pues consideró que el Gobierno no presumió la legalidad de los documentos que favorecían a Peña.
«Se atentó contra el principio de separación de poderes públicos», detalló el Juzgado, que agregó que la petición de convocar una sesión extraordinaria del Consejo Universitario «desconoció el procedimiento contemplado en el Acuerdo 252 de 2017», un documento que contempla la autonomía del Consejo para escoger a quien ocupe la rectoría.
Con ello, insistió el Juzgado, «se transgredió el principio de confianza legítima», una máxima del derecho que asume que un acto jurídico debe presumirse legal por parte de las partes involucradas si no hay mayor cuestionamiento de su legitimidad, y «se vulneró el principio de legalidad de las faltas y sanciones en materia administrativa».
Es decir, de acuerdo con la justicia, el Ministerio de Educación no atendió lo que las normativas legales y administrativas expresan en materia del funcionamiento del Consejo Superior e incluso amenazó con sanciones si no se citaba a una sesión extraordinaria para definir un rector encargado, cuando ello no estaba entre sus funciones.
La controversia de fondo comenzó el 21 de marzo, cuando el Consejo Universitario decidió, por mayoría, nombrar a José Ismael Peña como rector, pese a que en una consulta no vinculante el estudiantado y buena parte de los demás estamentos de la universidad se inclinaron por el profesor Leopoldo Múnera como su favorito.
El presidente Gustavo Petro expresó que sus delegados en el Consejo respetarían la consulta, pero las demás partes del ente universitario votaron por Peña, tercero en la consulta. Leopoldo Múnera y el estudiantado en su mayoría manifestaron su desacuerdo, lo que ha desencadenado protestas, enfrentamientos y un cese indefinido de actividades.
