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Petro dejó esperando a la CIDH
Sin que se conozcan los motivos el presidente Gustavo Petro, no asistió en la Casa de Nariño a la reunión que tenía programada con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El canciller (e) Luis Gilberto Murillo y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lo representaron.
Luego de un recorrido por varias regiones del país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tenía previsto reunirse con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, sin embargo, dicha reunión no ocurrió.
La agenda del mandatario fue confirmada muy temprano por el equipo de prensa del mandatario en el que su único evento público era recibir al organismo que en reiteradas oportunidades ha abogado por él, la cita no se concretó sin explicación.
A los representantes de la CIDH los recibió en la Casa de Nariño el canciller (e) Luis Gilberto Murillo y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco quienes reiteraron que Colombia está comprometida con la defensa de los derechos humanos y políticos.
Medios nacionales, entre ellos, RCN Radio consultó con la oficina de prensa del presidente Petro sobre las razones de su ausencia en la importante reunión, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta, el mismo día cívico decretado por el mandatario.
El pasado lunes la CIDH inició su visita oficial a Colombia en donde el organismo recorrió diferentes territorios entre el 15 y el 19 de abril, para observar los impactos de las distintas formas de violencia en la situación de los Derechos Humanos.
PROCURADORA SÍ LOS ATENDIÓ
Por su parte, la procuradora general, Margarita Cabello, sostuvo ante la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Roberta Clarke, que al menos diez departamentos de Colombia se encuentran en una «seria crisis de violencia».
Esa escalada violenta, de acuerdo con la jefa del Ministerio Público, se vive por culpa del fortalecimiento de diferentes organizaciones multicrimen, que se alzan como la principal causa de todas las violaciones a los derechos humanos.
Cabello detalló que la injerencia de los grupos delincuenciales recae en negocios tan rentables que incluso desplazaron al narcotráfico como fuente de ingresos, como la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de migrantes y la trata de personas.
“Observamos con preocupación que los grupos al margen de la ley se están aprovechando de las negociaciones de Paz Total para fortalecerse logísticamente en armamento y ampliar su presencia en territorio”, afirmó la Procuradora en el encuentro con Clarke.
De acuerdo con Cabello, el ente de control que dirige le ha hecho varios requerimientos al Gobierno y percibido una «ausencia de una estrategia para el control territorial», lo que ha derivado en «hechos lamentables».
Entre los crímenes listados por la Procuraduría están los asesinatos de gobernantes, hurtos, secuestros, extorsiones, amenazas a candidaturas en procesos electorales, homicidios de líderes sociales y un aumento del reclutamiento infantil en 23 subregiones.
Solo en Bogotá, Barranquilla y Cali, el órgano disciplinario documentó 245 hechos victimizantes, citando el Mecanismo de Monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre los que hubo 115 homicidios y 36 tentativas de homicidios.
El Mecanismo reveló 31 amenazas, 14 casos de extorsión y 10 actos terroristas en esas ciudades capitales, mientras que el ICBF recibió en 2023 a 196 niños de entre 13 y 17 años reclutados forzosamente por grupos armados.
“Hoy es claro que el Estado Mayor Central (EMC) y otros grupos armados hacen presencia y ejercen control en varias regiones de la Amazonia, restringiendo la entrada de las diferentes instituciones del Gobierno», aseveró Cabello.
La funcionaria agregó que el EMC tiene «alianzas con fuentes de capital para expandir el negocio de la ganadería y de minería ilegal, a través del desarrollo de vías ilegales» en el sur de Colombia.
La Procuradora calificó el panorama actual de inseguridad en el país como «un retroceso de décadas», cuyo impacto recae «en la garantía y materialización de los diferentes derechos de la población colombiana».
