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En palabras del defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, “se registraron 236 acciones violentas, de las cuales 34 fueron acciones directas con la fuerza pública y las restantes 202 correspondieron a acciones indirectas entre las mismas organizaciones armadas, que constituyeron claras infracciones al derecho internacional humanitario”.
Dichos datos fueron recopilados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2023.
Al referirse a acciones directas la Defensoría explicó que se trata de hostilidades entre la fuerza pública y los grupos armados involucrados en los decretos del cese, mientras que las indirectas son aquellas ejercidas por las organizaciones armadas ilícitas que atentan contra los derechos humanos y violentan lo establecido en el derecho internacional humanitario, cuyos afectados son los civiles.
En el primer caso los departamentos más afectados fueron Cauca (21 hechos), Huila (4), Valle del Cauca (3), Nariño (2), y Antioquia, Arauca, Guainía y Guaviare con una acción directa en cada zona.
“Del total, 32 fueron cometidas por el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las Farc (94%), y hubo un hecho atribuible a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, reza un comunicado del organismo.
En el segundo, se le atribuye igualmente la mayor responsabilidad al EMC FARC, con un 58%. “Le siguieron el ELN, con el 20%; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – Clan del Golfo, con el 8%, y la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC, con el 7%. El 7% de los casos no pudo ser esclarecido”, señaló el Defensor del Pueblo.
Por tanto, Camargo resaltó que “es fundamental un compromiso expreso de todas las estructuras armadas al margen de la ley” para generar mayor confianza en los procesos de paz vigentes.
En específico, pidió frenar definitivamente el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, devolver a los menores de edad que se encuentran en sus filas y poner fin a la práctica del secuestro, “además de entregar a todas las personas que tienen en cautiverio”.
De igual forma, insistió en la petición de que sean incluidos en las mesas de diálogo de paz para compartir los testimonios de las comunidades afectadas por el conflicto.
BOGOTÁ (Colprensa).