El Magdalena comprometido en la lucha contra el chance ilegal

La Administración Departamental avanza en la creación de un comité interdisciplinario para trabajar en diferentes frentes que permitan prevenir y combatir este tipo de delitos.

Ante el panorama expuesto por el concesionario Superservicios de Nariño (Súpergiros), actual concesionarios de apuestas permanentes en el Magdalena, sobre el incremento de la venta de chance ilegal en el departamento, la Gobernación del Cambio, junto con la Policía, Fiscalía y otros actores, trabajan de la mano para combatir esta problemática que afecta el recaudo para la inversión en salud de los magdalenenses.

De acuerdo con lo expuesto por representantes del Concesionario, en el 2023, la ilegalidad le ha quitado el 50% de las ventas, lo que se traduce en 933.600 millones de pesos mensuales que no están ingresando al Departamento, un hueco económico que afecta principalmente a los más vulnerables.

Además del trabajo que ya se viene realizando con la Policía del Departamento, se estableció la creación del Comité de lucha contra el chance ilegal en el Magdalena, que realizaría acciones de prevención, asistencia y judicialización de personas que se dediquen a la venta ilegal de este tipo de juegos de azar.

“Vamos a sensibilizar a cada uno de los actores, porque a veces creemos que con comprar una rifa, una apuesta informal, no estamos contribuyendo a una situación de ilegalidad, porque detrás de estas ventas ilegales hay una gran mafia que no solamente afecta el sector salud, sino que se extiende a otros sectores”, señaló Denis Rangel Lozano, gobernadora encargada del Magdalena.

El trabajo será articulado desde la Oficina de Rentas, donde ya existe un grupo Anticontrabando, que se sumaría a las estrategias contra el chance ilegal y se extendería a todos los municipios, en especial Santa Marta, donde se presenta el mayor número de ventas de chance ilegal.

El Gobierno del Cambio invita a los habitantes de los municipios a comprar su chance de manera legal para así aportar a la inversión en salud del territorio, pues, la ilegalidad impide obras e inversión en el departamento.