Violencia y democracia

Por

FERNANDO

CEPEDA ULLOA*

Los analistas extranjeros de la vida política colombiana se interesaron por entender cómo era que Colombia tenía una democracia con una larga tradición electoral y al mismo tiempo experimentaba expresiones de violencia que parecían incompatibles con esa realidad. Y nosotros nos enorgullecíamos de exhibir procesos electorales que no eran víctimas de hechos violentos aún en los tiempos más duros, por ejemplo, el asesinato de candidatos presidenciales en 1985 y 1986. César Gaviria mostró un coraje que bien le mereció la presidencia y que le permitió hacer un gobierno lleno de importantes realizaciones como si la Constitución de 1991 no le hubiera ya otorgado un puesto privilegiado en nuestra historia.

Algunos de quienes escribieron sobre el tema ya no ejercen en la vida académica, pero estarían sorprendidos de comprobar que, después de esa generosa Constitución y de la apertura política y de ya varios procesos de paz, ahora que hay un gobierno de izquierda, observemos un amplio despliegue de hechos violentos y otros comportamientos que desdicen de lo que creíamos haber logrado.

Una rápida mirada a las informaciones de El Tiempo, 19 de octubre, invitan a la perplejidad. Veamos: (Me ahorro las comillas). Cada día se registran tres acciones de violencia electoral. Entre agosto y septiembre hubo 204 más que de enero a julio, señala la Defensoría (es el principal titular de la primera página) y la totalidad de la segunda desarrolla el tema y agrega gráficos. Otro dato en un titular, partidos afines al gobierno, los más afectados. Y en una serie de noticias posteriores, menciona el informe de la MOE que dice que se han presentado 179 acciones violentas, entre ellas, ocho asesinatos.

Luego, resume el informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia que afirma que 553 aspirantes a alcaldías y concejos habrían celebrado contratos por más de 62 mil millones de pesos que los inhabilitarían.

Y para qué mencionar relatos anteriores que indican que solo una mínima parte de los más de 127 mil candidatos ha cumplido con la obligación de compartir la cuenta de sus gastos con el mecanismo existente para ese propósito. Otra evidencia sobre los turbios procedimientos que se han venido apoderando de la financiación de la competencia electoral. Y se oyen muchas versiones sobre preparación de fraudes, compra de votos, trashumancia de votantes y otros mecanismos muy sofisticados.

Decimos que hemos modernizado el sistema electoral. Invertimos una suma descomunal, hay miles de funcionarios, y la desconfianza aumenta. Los partidos políticos, otra vez muy numerosos, parecen no preocuparse por unas prácticas que están poniendo en riesgo la supervivencia de nuestra democracia.

Y, por ahora, pasemos por alto lo que viene una vez se conozcan los resultados, la feria de componendas que deforman el compromiso con los ciudadanos. Es la hora de la verdad para las empresas político-criminales que denunció el excontralor Edgardo Maya.

Se debe recuperar la integridad del sistema electoral y, prioritariamente, la confianza de la ciudadanía y de quienes compiten. Permitir que estas y otras prácticas continúen y aumenten es renunciar a la esencia del juego democrático.

Veremos si los niveles de abstención nos dicen algo al respecto y si el tema de la financiación política sigue siendo olvidado por los organismos competentes o tratado como una cuestión menor. Aspectos fundamentales de la vida democrática.

*Exministro de Estado