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La Fiscalía General reclamó hoy «rigurosidad» frente a las amenazas de actos criminales de parte del ELN contra el jefe del ente investigador, Francisco Barbosa, otras «personalidades» del país e incluso lo amplió a sedes de «organismos internacionales», en respuesta a la posición que al respecto fijó el Ministerio de Defensa.
«La Fiscalía ve con profunda preocupación que, ante todos estos antecedentes y otros elementos obtenidos en el curso de las investigaciones, la Comunidad de Inteligencia y los organismos de defensa del Estado no han ejercido una profunda capacidad de análisis y han restado trascendencia a información sensible sobre las pretensiones del ELN», dijo el ente investigador en un comunicado.
Llamó además a que se «verifique con rigurosidad este escenario de amenaza real y se tomen urgentes medidas en beneficio de la institucionalidad, la seguridad y la vida de las personalidades involucradas, y la ciudadanía en general».
La respuesta surge horas después de que el Ministerio de Defensa asegurara que la información sobre el supuesto plan del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para atentar contra el fiscal Barbosa se conoció apenas cuatro días antes de que ese organismo lo hiciera público y a través de la misma fuente.
«Se pudo confirmar que una vez verificados los registros que poseen los organismos de inteligencia, la fuente que suministró la información a la Fiscalía General de la Nación, se trataría de la misma que entregó los datos al Ejército Nacional», precisó la cartera de Defensa.
También dijo que «ningún organismo que integra la comunidad de inteligencia» tuvo información «adicional» sobre el supuesto ataque en marcha, ni «recibió información de agencias de inteligencia extranjeras» que alertarán de tal propósito.
El 8 de agosto la Fiscalía informó al país que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comisionó a un miembro de sus estructuras urbanas, apodado «El rolo» para llevar adelante el plan, mientras que en Venezuela se habrían reunido mandos superiores de esa organización para planear el ataque, incluido el uso de un francotirador, al tiempo que se detectaron movimientos de dinero por 3 mil millones de pesos que podrían estar vinculados a ese propósito.
En su informe, el Ministerio de Defensa aseguró que la Unidad de Investigación de Análisis Financiero (UIAF), que previene y detecta dineros producto del narcotráfico, tampoco tenía «información financiera relacionada con un posible atentado», ni contra el fiscal Barbosa, ni contra la senadora María Fernanda Cabal y el general en retiro Eduardo Zapateiro, dos figuras cuyos nombres aparecieron posteriormente en el cuadro de las amenazas.
La Fiscalía aseguró hoy que además de recibir información del plan para atentar contra Barbosa de parte del Ejército, esa misma fuente les «reveló la existencia de un reporte de la Unidad de Investigación de Análisis Financiero (UIAF) que da cuenta de movimientos financieros sospechosos de personas cercanas a alias El Rolo, cabecilla del denominado Frente Urbano Nacional del ELN y uno de los posibles implicados en la planeación del ataque terrorista».
Para hacer aún más compleja la situación, que evidencia una contradicción entre las partes, la Fiscalía afirmó que desde cuando fue informada de los supuestos movimientos de dineros para adelantar el ataque «se está a la espera del informe oficial de la UIAF para contrastar la información manejada por esa entidad».
Aún más grave de la respuesta de la Fiscalía a la versión de la cartera de Defensa es que el ente investigador amplió hoy el radio de los posibles blancos del ataque al asegurar que no solo estaría dirigido contra Barbosa, sino que habrían otras personas y organismos en la mira del grupo guerrillero.
«Hace dos meses la Fiscalía abrió una investigación formal relacionada con la intención del ELN de realizar atentados terroristas en Bogotá en contra del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado; algunas sedes de la entidad, varias personalidades de la vida pública y organismos internacionales, entre otros objetivos», agregó en su argumentación el ente investigador.
Aunque la Fiscalía no precisó cuáles serían esos «organismos internacionales» que serían «objetivos» de los planes del ELN, deslizó en su respuesta a la Embajada de Estados Unidos, al recordar y señalar un hecho de 2022.
Según reveló, en marzo de ese año inteligencia militar les advirtió del arribo a Bogotá de un miembro del «Frente Urbano Nacional» del ELN, quien «frecuentaba sectores aledaños al búnker de la Fiscalía General de la Nación y a la Embajada de Estados Unidos», de acuerdo a datos de la Policía Judicial.
A todo lo anterior se sumó la respuesta del presidente, Gustavo Petro, respecto del mensaje del Ministerio de Defensa y ante la versión de la Fiscalía.
Para el mandatario, un «alto funcionario del Estado se ha dejado engañar. Siempre personalmente le he ofrecido mi apoyo para la seguridad que requiere como es mi deber, y lo seguiré haciendo. Nunca supimos de un plan de atentado en su contra sino por su propio comunicado público».
Manifestó Petro, sin mencionar al fiscal Barbosa y al sostener que «el origen de su engaño tiene que ver con los procesos para verificar fuentes. Más profundos en inteligencia militar que en la fiscalía. A ambas entidades llegó la misma fuente, más rápido le llegó su información al funcionario sin mayor verificación y la hizo pública».
Y fue más allá al sostener que «el prejuicio y señalamiento irresponsable de carácter político al Presidente de la República desdice del respeto a las instituciones y solo muestra el afán para que el procedimiento constitucional de reemplazo de Fiscal no se verifique», argumentó.