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Ministros se enmermelaron con cargos para sus parejas e hijos

Una nueva polémica estalló al interior del Gobierno al revelarse que Sjoerd Van Grootheest, pareja de la ministra de Minas, Irene Vélez, recibió un jugoso contrato de $128 millones y ella no declaró el evidente conflicto de intereses. Esta situación no solo puso en entredicho la meritocracia que prometió defender el presidente Gustavo Petro, sino que dejó en evidencia el abanico de familiares de ministros con cargos estatales.

El contrato que le dieron al esposo de Vélez con el Fondo Colombia en Paz, solo es la punta del iceberg de una práctica que parece ser repetitiva en el Gobierno Petro. Esto ha quedado claro con los nombramientos de las esposas e hijos de los ministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y Trabajo; Gloria Ramírez, en varias dependencias oficiales.

MINMINAS TENÍA ANTECEDENTES

La ministra Irene Vélez permaneció en el centro de la polémica porque además de tratar de justificar la entrega del millonario contrato a su pareja, se conoció que la fundación Mississippi Dragonfly –de la cual Van Grootheest es representante legal– fue contratada seis veces por la Universidad del Valle mientras ella se desempeñó como profesora de esa institución pública.

De estos seis contratos cedidos a esa fundación, según reveló el abogado Daniel Briceño, Van Grootheest devengó más de $106 millones, y lo más controversial del caso es que en uno de ellos Vélez fue la directora del proyecto, lo que se traduce en que habría sido la contratante de su esposo mientras se desempeñaba como docente de la Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales de la Univalle.

“No hay ninguna irregularidad, ilegalidad o conflicto de intereses en el proceso contractual y actividades que adelanta mi esposo (…) las actividades que ejerce las ejecuta desde hace años. No hay ninguna relación entre sus actividades y mis funciones”, defendió Vélez.

Esta situación ha hecho que a la ministra de Minas la señalen de presunto nepotismo y de recurrir a la ‘rosca’ burocrática, pero no se trata de una acusación nueva contra Vélez. En enero pasado, la exviceministra de Energía, Belizza Ruiz, aseguró que Vélez en más de una ocasión quiso poner en las juntas directivas de las electrificadoras a personas que ni siquiera eran parte del MinMinas.

“Ella (Irene Vélez) quiso que personas que no son parte del Ministerio de Minas y Energía participaran en las juntas directivas de las electrificadoras. Eso, a todas luces, no está dentro de lo que el Ministerio debe hacer”, dijo Ruiz en Cambio tras dejar su cargo.

PUESTOS REPARTIDOS A LOS FAMILIARES

El de la ministra de Minas y su esposo holandés no fue un caso aislado, ya que hay otros altos funcionarios cuyos parientes han caído parados en importantes puestos. También es el caso de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, a quien también han acusado de nepotismo porque dos hijos suyos fueron contratados en entidades públicas.

Uno de ellos es Diego Alejandro Restrepo Ramírez, quien trabaja en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec). Desde abril, este abogado con maestría en Derecho Público se desempeña como jefe de la Oficina Asesora Jurídica y devenga un salario mensual de $7,7 millones.

El otro hijo de Ramírez es Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, quien recibió un contrato del Ministerio de Cultura para “apoyar la gestión de alianzas estratégicas, así como la formulación, desarrollo y seguimiento de programas”, por un valor de $76 millones.

El contrato que tiene vigencia hasta el 31 de agosto, fue firmado el 18 de enero y detalla que los pagos se le realizarían de a Restrepo Ramírez en cantidades de $9,5 millones mensuales durante los ocho meses de labor en esa cartera.

Para el abogado constitucionalista Edier Esteban Manco Pineda, aunque estos nombramientos y adjudicación de contratos no infringen la Constitución ni la ley, sí se trata de prácticas poco éticas que considera que deslegitiman el principio del mérito y provocan suspicacias frente al manejo de entidades como posibles fortines burocráticos.

“Más que una falta a la Constitución y a la ley, es una falta a la moralidad, a la transparencia y al principio constitucional del mérito. Y no es una práctica exclusiva del Ejecutivo, pues también se ve en la Rama Judicial”, planteó el abogado constitucionalista.

Otro que también tiene un puesto clave en el Gobierno es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quien al llegar a esa cartera a mediados de mayo, tras la salida de Carolina Corcho, se le señaló de estar envuelto en un posible conflicto de interés porque su cónyuge es la superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud.

Se trata de Beatriz Eugenia Gómez Consuegra a quien Jaramillo reportó en su declaración de bienes y renta en la casilla de “conflicto de interés”. Lo que está claro es que la doctora Gómez Consuegra tiene experiencia en el sector, ya que ha trabajado en EPS, con clínicas y hospitales. Además, el contrato más reciente de Gómez Consuegra registrado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) fue firmado el 19 de abril y también estaba relacionado con el área de la salud.

El otro ministro cuya esposa también trabaja en el Gobierno es el de Hacienda, Ricardo Bonilla. Su cónyuge, Claudia Liliana Cortés López actualmente se desempeña como la directora general de la Unidad de Tierras y Usos Agropecuarios (Upra), una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura. Cortés López es administradora de empresas de la Universidad Nacional y tiene una maestría en Ciencias Económicas

El nombramiento de la esposa de Bonilla se hizo el 13 de junio pasado tras confirmarse la salida de esa dependencia de Felipe Fonseca Pino, quien estuvo desde 2012. Cortés ha trabajado con la Upra en proyectos en Antioquia, Cesar y Nariño y ha participado en asuntos relacionados con la distribución de tierras rurales.

Además, el 12 de septiembre de 2022, al puesto de directora de Empleo del Sena llegó Luz Dana Leal, la esposa de Carlos Ramón González, quien es el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y el principal aliado de Petro al interior del partido Alianza Verde.

OTROS ALIADOS CON CONTRATOS

De esta aparente repartición de ‘mermelada’ en Palacio no solo se han beneficiado los familiares de los jefes de los ministerios, sino los aliados políticos del presidente Petro.

Uno de ellos fue Roy Barreras, quien lideró el Senado hasta mayo pasado. Al expresidente del Congreso el Gobierno le nombró a su hijo Roy Alejandro Barreras Cortés en el cargo de embajador de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo.

Pero no fue el único, ya que su exesposa María Paula Martínez Pérez fue nombrada “cónsul de primera en el Consulado General de Colombia en Barcelona” y a su nuera Lorena Sofía Velasco – quien es la pareja de Barreras Cortés– le entregaron el cargo de asesora comercial en la oficina del Ministerio de Comercio en Washington, Estados Unidos.

También se beneficiaron Antanas Mockus, a quien le nombraron como embajadora en Dinamarca a su esposa, Adriana Córdoba; y la actriz y activista Margarita Rosa de Francisco, cuya hermana Adriana de Francisco Baquero, le entregaron el manejo del Consulado en Miami.

Esta amalgama de puestos y contratos entregados a familiares de los altos funcionarios y aliados de Petro ha hecho que al Gobierno lo acusen de nepotismo y se le suma a la polémica por el roscograma que hay en torno a la primera dama, Verónica Alcocer.

LOS DE LA PRIMERA DAMA

En la Casa de Nariño parece que ser amigo de la primera dama, Verónica Alcocer, es un requisito para recibir un contrato. Esto ha quedado en evidencia porque a un diverso grupo de amigos y allegados de la esposa del presidente lo han nombrado en cargos del Gobierno.

El amigo de Alcocer que más recientemente recibió un contrato fue el reconocido coreógrafo Nerú Martínez Carrillo, quien recibirá $43 millones en seis meses por apoyar la gestión al Grupo de Bienestar y Desarrollo de la Oficina de Talento Humano “en la realización de actividades en materia de salud mental y física, que contribuyan al mejoramiento del clima laboral”.

También ha sacado provecho de su cercanía con la primera dama la asesora de comunicaciones colomboespañola, Eva Ferrer, quien es reconocida como su mejor amiga. Además de recibir la nacionalidad de manera exprés, Ferrer fue nombrada por Petro en septiembre de 2022 como consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia y ahora dirige la recién creada Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional.

Uno de los casos más polémicos fue el de Concepción Baracaldo, quien fue vecina de la primera dama en el municipio de Chía, Cundinamarca, donde reside la familia Petro-Alcocer y donde se hicieron amigas muy cercanas.

A Baracaldo el presidente Gustavo Petro le entregó el manejo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), pese a que no tenía experiencia en temas de niñez y por cuenta de las diversas críticas solo duró hasta febrero pasado en ese alto cargo.

Otros amigos de Alcocer que han disfrutado de las mieles del poder con puestos públicos son los catalanes Xavier Vendrell y Manuel Grau Pujadas. A ambos les otorgaron la nacionalidad de manera exprés, como a Ferrer, y les entregaron puestos. Se sabe que han intentado aterrizar con la ayuda de Alcocer en Procolombia, la entidad que promueve el turismo y la inversión extranjera en el país.

Y no se escapan los vínculos familiares que al parecer buscan favores políticos, pues al exsenador Mario Alberto Fernández Alcocer, primo de la primera dama, se le ha visto muy de cerca con el matrimonio presidencial y se sabe que está en búsqueda de apoyo electoral para ser gobernador del departamento de Sucre, de donde es originaria la esposa del presidente.

Además, a la primera dama se le ha cuestionado por sus apariciones en los pasillos y comisiones del Congreso, pues aunque técnicamente no ostenta un cargo público, se le ha visto en debates claves como el de la reforma a la salud y se le ha señalado de intentar presionar al Legislativo./Colprensa/El Colombiano.

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