POR: GENNYS ÁLVAREZ NAVARRO   La ciudad de Santa Marta fue escogida por la Unidad de Restitución de Tierras para el relanzamiento de sus políticas, en el marco misional de la atención a las víctimas que denunciaron haber sido despojadas de sus propiedades por actores del conflicto armado. Cerca de 300 personas entre campesinos, comunidades étnicas y líderes sociales del departamento, se dieron cita en el Coliseo Menor del Buen Vivir para escuchar las líneas de acción de esta entidad para los próximos cuatro años.  Giovani Yule Zape, director nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, conversó con los asistentes sobre el proceso de humanización de esta dependencia, la cual no resume su tarea al trámite de restablecimiento de los derechos, sino que amplía su gestión al acompañamiento integral de las comunidades, permitiendo el acceso oportuno a toda la oferta institucional. “Hemos eliminado procedimientos que estaban para entorpecer el derecho de las víctimas. En once años de vida de esta institución se ha avanzado en menos del 10% del universo total de las tierras despojadas, representadas en 550 mil hectáreas, pero el despojo pasa a 6 millones de hectáreas, eso significa que en estos 9 años tenemos que avanzar en más del 90%, para ello debemos hacer cambios estructurales en el procedimiento y en los tiempos”, dijo Yule. El funcionario recordó que su labor es entregarles a los colombianos nuevamente el espacio cultural, espiritual, social y económico arrebatado bélicamente, sin embargo, dentro de las nuevas dinámicas de la Unidad está revisar casos que en el pasado fueron negados. “En el historial de solicitudes se han presentado 140 mil, de las cuales 100 mil fueron tramitadas y de estas el 65% se respondieron de forma negativa, lo que genera una gran preocupación. En ese punto vamos a mirar cómo volvemos a analizar estas solicitudes, a su vez porque ha sido un llamado de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo”, puntualizó el director. En el Magdalena asimismo serán retomadas algunas sentencias de años anteriores, donde de las 7.958 peticiones radicadas, el 56% fueron no inscritas, un dato bastante escandaloso. Por tanto, de manera individual serán examinados los casos, dado que cabe la posibilidad que sean retomados algunos. “Tenemos unas líneas claras encaminadas al fortalecimiento de las comunidades y su relación con los operadores de justicia y con los medios de comunicación que están en los territorios, los cuales nos pueden ayudar a impulsar y visibilizar lo que queremos hacer en este gobierno. De igual forma, buscamos robustecer las relaciones interinstitucionales, especialmente con quienes tienen a cargo el cumplimiento de sentencias, para así garantizar los derechos territoriales en las órdenes que han impartido los jueces”, aseguró Marly Molina Álvarez, directora de la territorial Magdalena – Atlántico de la Unidad de Restitución de Tierras Molina mencionó que otra de las directrices es hacer una intervención con enfoque territorial y revisar las microzonas que ya están focalizadas. “Queremos aportarle a esta política, más que cifras, un sentido cultural, una recuperación del tejido social y comunitario, que únicamente no se vea la restitución como entregar un pedazo de tierra, sino todo lo que el territorio lleva implícitos como vínculos y prácticas culturales que también queremos fortalecer con unos proyectos productivos, que se tiene que dar de acuerdo con el uso vocacional del territorio. Una mirada más humana del proceso y menos estadista”, agregó. El recorrido de socialización de la nueva cara de la Unidad continúa en Antioquia y Cauca.