Ospina y un nuevo enredo

La denuncia de que la administración del Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha contratado con empresas lideradas por un primo suyo está tomando mayores dimensiones.

Ayer, la comunidad ubicada alrededor del proyecto parque Cristo Rey tomó la decisión de interponer una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el Alcalde y una denuncia penal por ese hecho.

Según informó el abogado Elmer Montaña, apoderado de los vecinos de San Fernando y Los Cristales, la persona que se señala como primo de Ospina -Cristian Camilo Moreno Herrera- también estaría relacionado con una empresa que ejecutará el tramo V de dicho parque.

“Los vecinos de ese sector, varios habitantes, me dieron poder para presentar esa denuncia penal y una queja disciplinaria ante la Procuraduría. El objetivo que ellos buscan es que los órganos de control y la Fiscalía tomen cartas e impidan que se ejecute este contrato como quiera que el mismo constituye una celebración indebida de contratos”, informó el abogado.

El contrato por $27.000 millones para ejecutar el tramo V del parque Cristo Rey se entregó este año al consorcio Cav Cristo Rey conformado por José Leonardo Cortés, LCQ Ingeniería y Esdras MD Ingeniería, que tendría una participación del 50 %.

Esta última sería de propiedad de Cristian Camilo Moreno Herrera, quien, según una investigación realizada por el portal Las 2 Orillas, es primo de Ospina.

De hecho, el portal aseguró que en la actual administración las compañías de Moreno (Esdras y CCMH) habrían firmado contratos con diferentes dependencias del gobierno local por más de $63.000 millones.

El problema de estos negocios es que con ellos se estaría violando la ley 1296 de 2009 que, en su primer artículo, prohíbe que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad de los servidores públicos, incluidos alcaldes, puedan ser contratistas del respectivo distrito o municipio.

Esto configuraría el delito de violación del régimen legal y constitucional de inhabilidades e incompatibilidades que tiene una pena de entre 64 meses y 216 meses de prisión, según comentó el abogado Montaña.

Ante las nuevas denuncias, la exconcejal Diana Rojas solicitó a las autoridades del orden nacional “que den una señal clara y contundente a los caleños. No más anuncios de investigaciones, esta ciudad necesita ver que los responsables de los escándalos de corrupción con los recursos públicos reciban las sanciones que merecen”.

Ayer también se denunció un contrato por $238 millones firmado entre Emcali y el abogado que defiende al exgerente de la empresa por cumplir un propósito inviable.

Entre los contratos señalados, y en los que estaría vinculado el primo de Ospina, están la remodelación del estadio Pascual Guerrero, la adecuación de la Plazoleta Jairo Varela y la construcción del Centro de Bienestar Animal de Cali.

El Alcalde Ospina no se ha pronunciado sobre las denuncias, pero escribió en Twitter: “Definitivamente no saben qué inventar. Y lo más triste se trata de un portal de propiedad de gente competente y responsable”.

El analista político Álvaro Benedetti, consultor de la Javeriana Cali, comentó que lo que se evidencia con todas las denuncias sobre esta administración “es que las cuentas por pagar de este alcalde todavía son grandes. El entramado clientelista que se gesta desde campaña debe tener retorno efectivo para quienes lo apoyaron tanto política, pero sobre todo económicamente”.

Aunque agregó que los fenómenos de la contratación y la estructura burocrática no son exclusivos de la actual administración.

Las denuncias por los temas de contratación en la Alcaldía y en Emcali están en manos de los entes de los entes de control. Precisamente, el miércoles la Contraloría General de la República declaró estas investigaciones como de impacto nacional por la cuantía de recursos que implica y su importancia para la ciudad.

Desde Sintraemcali se pidió ayer que también se indague sobre los contratos de compra de energía de la empresa, pues consideran que se “ha configurado un verdadero cartel”, expresó Jhoni Trejos, miembro del sindicato.

COLPRENSA