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La Defensoría del Pueblo abrió investigación disciplinaria contra un funcionario de la Regional Pacífico, por presuntamente presionar a contratistas para favorecer los intereses de un dirigente político.
“No toleraremos conductas como ésta. Por el contrario es nuestro deber como servidores públicos y defensores de los derechos humanos dar ejemplo de transparencia e imparcialidad en este y todos los procesos electorales”, puntualizó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Bajó esta misma línea el defensor explicó que cualquier acción indebida de un servidor público que pueda ser interpretada como proselitismo político, lesiona gravemente la objetividad del ejercicio de la función pública.
Ante esta situación la Defensoría del Pueblo recordó que cuando se trata de faltas disciplinarias de naturaleza gravísima, las sanciones pueden conllevar eventualmente a la destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años.
/Colprensa