Financiación política

Insisto en plantear un tema sobre el cual he escrito dos libros y varios ensayos y columnas. Que me obsesiona desde el siglo pasado y que como siempre, debo reconocer, no logró influir en lo más mínimo respecto al tratamiento de cómo se financian las campañas, los partidos y también los políticos. Es asunto de vital importancia en la política. Y en Colombia no se quiere examinar con el rigor que merece.

En reuniones internacionales sobre el tema, he participado en dos o tres, he disentido de la opinión de respetadísimos especialistas en el tema. En general, no son partidarios de la financiación estatal de las campañas electorales. Hay argumentos muy fuertes en favor de la financiación privada, en algunos casos parcial y en otros totales. Cuesta trabajo convencer a estos expertos del riesgo tan grande -y, además, real, terriblemente real- que corre un país como Colombia, afectado por diversas formas del crimen organizado, multimillonario por las ganancias ilícitas resultantes de sus actividades criminales. Si en países que no sufren esta amenaza, la financiación de la política ha llevado a escándalos que han dado al traste con gobiernos, partidos, personalidades políticas, entre nosotros el asunto es muchísimo peor. En Francia, Italia, España, Estados Unidos, denuncias al respecto han generado crisis muy graves. El propio Presidente Sarkozy está sufriendo procesos judiciales relacionados con financiación política.

El proceso 8.000 ha debido dejarnos lecciones contundentes al respecto. No ha sido así. Me asombra el desentendimiento de dirigentes gubernamentales, políticos, empresariales. La ingenua creencia de empresarios que piensan que financiando unos cuantos candidatos presidenciales o para congreso, asambleas, concejos, alcaldías y gobernaciones, están contribuyendo a favorecer la democracia, es incomprensible. Para ellos debería ser clarísimo que en un país donde hay aproximadamente 120.000 candidaturas para puestos de elección popular, ni la financiación así llamada preponderante, del gobierno, ni la del sector empresarial, o de los contratistas, logra competir con la del crimen organizado. Ahí es donde entran a actuar las denominadas empresas político-criminales, las que denunció repetidamente en los últimos meses de su desempeño como contralor general, Edgardo Maya.

No obstante su experiencia en el conocimiento de estas materias, como que fue Procurador 8 años y Contralor 4. No se trataba de un académico sino de la persona que conocía bien por dentro el funcionamiento del Estado. Que sus denuncias no hubieran dado lugar a controversia alguna, a ninguna consideración es comprobación del desentendimiento al que hice referencia anteriormente.

La corrupción que dizque es tema central ahora, no tendría la dimensión que ha alcanzado si no fuera por el sistema de financiación híbrido de campañas que tenemos. Creer que la financiación estatal total es muy costosa o inalcanzable, es información equivocada de lo que ha venido, por desgracia, ocurriendo entre nosotros.

Aparte de lo que conocemos como financiación política está el trabajo muy eficaz de esas empresas político-criminales que, luego, capturan el proceso de decisiones de políticas públicas y de contratación pública.

Ese es un costo descomunal no solamente en términos monetarios sino de deformación en la formulación de políticas públicas y asignación de contratos. Más grave no puede ser. Y que eso no interese, que no preocupe, no forme parte del debate público, es deplorable. Creer que la corrupción puede eliminarse sin tocar este tema de la financiación política, es máximo error.

*Exministro de Estado.