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Los importantes procesos judiciales que traerá el 2022

Hasta el próximo 10 de enero la rama judicial estará en la vacancia judicial, luego de que este 17 de diciembre iniciaran formalmente las vacaciones colectivas de los funcionarios que sirven a la justicia, lo que en esencia significa que gran parte de los despachos suspenden su atención por este tiempo.

Los únicos despachos que seguirán con su operación normal, según informó el Consejo Superior de la Judicatura, serán los juzgados promiscuos de familia, penales municipales y los de ejecución de penas y medidas de aseguramiento. Lo que implica que las audiencias de legalización de capturas, imputaciones y solicitudes de medidas de aseguramiento no se ven interrumpidas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también continuará con su operación normal en esta época, al igual que el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus seccionales.

Durante estas fechas quedan suspendidos los términos de los procesos judiciales para que los despachos los retomen, pero esto no quiere decir que suspendan los términos de caducidad de los procesos. Es decir, si los términos de un proceso se vencen durante este periodo, se prorrogarán hasta el siguiente día hábil de la rama judicial.

Así mismo, es importante anotar que debido a la pandemia aún está vigente el Decreto 806 de este año, lo que implica que las diligencias judiciales se seguirán realizando por vía digital y audiencias virtuales.

En ese contexto, la deuda más grande que dejó la entrada de la vacancia judicial, al menos en la Corte Constitucional, se trata de la votación sobre las dos demandas que piden la despenalización del aborto en Colombia, pues un impedimento presentado por el magistrado Alejandro Linares fue el revés para que el proceso se retrasara de manera importante.

Se espera que cuando la alta Corte vuelva a retomar sus funciones y, antes de que la nueva magistrada de corte liberal, Natalia Ángel Cabo, se posesione oficialmente para reemplazar al magistrado Alberto Rojas Ríos, se tome una decisión de fondo sobre este importante tema que causa pasiones y opiniones diversas entre los colombianos.

La decisión para definir el impedimento está en manos del conjuez Hernando Yepes, quien será el determine si Linares vota o no sobre las ponencias que piden despenalizar esta práctica. Sin embargo, el alto tribunal también deberá discutir otras peticiones en torno al impedimento de Linares, pues el Movimiento Causa Justa, uno de los demandantes, insiste en cambiar al conjuez.

Los argumentos de las demandas, en síntesis, aseguran que este delito viola los derechos de libre desarrollo de la personalidad, los derechos reproductivos, la dignidad humana de las mujeres y agregan que violan el derecho al libre ejercicio de la profesión a los médicos, porque se les impide prestar servicios de aborto libremente. Además, dicen, que se viola la libertad de cultos y que, mantener el aborto dentro del código penal no tiene una finalidad preventiva.

Así mismo, la Corte Constitucional tiene en sus manos el estudio constitucional del articulado que crea al nuevo código electoral. Dicho estudio le correspondió al despacho del magistrado Jorge Ibáñez, quien ya entregó la ponencia a la Sala Plena para iniciar las discusiones.

La ponencia de Ibáñez, de 483 páginas, analiza uno a uno de los 276 artículos de la reforma y si es constitucional que el proyecto haya sido debatido y aprobado en sesiones extras en el Congreso dado a que se trata de una ley estatutaria.

El registrador Alexander Vega y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Méndez, ya habían impulsado una petición con carácter de “urgencia nacional” pero esa fue negada por la Corte.

“A dicho trámite se acude cuando existan razones de seguridad nacional o para prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, o en el caso de graves violaciones de los derechos humanos, o de crímenes de lesa humanidad, o de asuntos de especial trascendencia social”, señalaron desde la Corte al no resolver el estudio.

Cabe mencionar que el nuevo código electoral fue aprobado en diciembre de 2020, y contempla reformas al actual código en temas como la conformación de listas paritarias de género, nueva reglamentación sobre el desarrollo de los comicios, el calendario, los pre-conteos y escrutinios, el uso de nuevas tecnologías y manejo de encuestas, entre otros, lo que implica un asunto de relevancia en los comicios que se avecinan el próximo año.

Por otro lado, el Consejo de Estado deberá resolver la deuda que tiene para tomar una decisión de fondo en relación a la decisión sobre el futuro del decreto que reglamenta el uso del francking en el país, una polémica práctica, que está en manos de la Sección tercera.

Este proceso lleva un poco más de cuatro años en la corporación judicial. Empezó con la acción legal de Esteban Lagos González, quien demandó la nulidad en contra del decreto 3004 de 2013, que establece que el Ministerio de Minas y Energía debe expedir normas técnicas y procedimientos en materia de integridad de pozos, en el cual se puedan explorar para obtener hidrocarburos.

El alto tribunal adelantó audiencias públicas en las que solicitó al Gobierno y entidades ambientales información sobre qué tan favorable puede ser esta práctica para el país y sus ciudadanos.

Desde 2018, esta misma corporación impuso la medida cautelar que hasta el momento ha frenado el fracking en Colombia, de ahí que hasta la fecha no se hayan avanzado con los procesos de licenciamiento ambiental que otorga la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a las entidades petroleras para adelantar este mecanismo.

El estudio de la nueva ponencia no ha sido fácil, ha habido siete salas y los magistrados no se ponen de acuerdo en el tema. Incluso, en la última sala, que se registró el pasado 26 de noviembre, los magistrados José Roberto Sáchica y Nicolás Yepes presentaron impedimentos para continuar en el debate.

Al momento habría dos caminos; el primero sería que se declare la nulidad parcial de las normas y que se pueda condicionar el uso del fracking a los pilotos; el segundo camino sería que se niegue la demanda permitiendo el uso del fracking sin restricciones en el país.

EN MATERIA PENAL

Se reactivará el proceso contra el denominado ‘Cartel de la Toga’. La Sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia iniciará en 2022 el juicio penal que se surte en contra de quien fuera presidente de esa corporación, Leónidas Bustos, por el escándalo de corrupción en la justicia denominado como el ‘cartel de la toga’.

Lo anterior, luego de que el Senado de la República lo acusara por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho propio, y el expediente de la acusación llegara a la alta Corte por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El congreso, en junio pasado, declaró a Bustos como indigno tras acoger la tesis esgrimida en el escrito de acusación presentado por los congresistas investigadores e instructores, en la que se señala a Bustos como el “cerebro” de una “empresa criminal” que se había conformado en el alto tribunal para torcer procesos judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero.

Los senadores acogieron el informe de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la cual había señalado como responsable a Bustos de haber cometido presuntamente los delitos mencionados, tras encontrar más de 100 pruebas testimoniales y documentales que así lo señalarían.

El caso, por reparto, le correspondió al magistrado Ariel Torres y hasta ahora inicia el trámite para que las partes expresen sus solicitudes y nulidades y así dar inicio al juicio. Este término vencerá el próximo 24 de enero, por la vacancia judicial.

Así mismo, vale mencionar que como el exmagistrado viene ya acusado, el proceso en la Sala Especial de Primera Instancia inicia directamente en la audiencia preparatoria.

Otro aforado que seguirá su proceso ante la justicia, será Richard Aguilar, quien es acusado por la Fiscalía de cometer hechos de corrupción cuando era Gobernador de Santander y que según el escrito de acusación, habría constituido una ‘empresa criminal’ para direccionar la contratación a favor de algunos de sus amigos, familiares y otros particulares que, supuestamente, se comprometieron a entregarle coimas por el 10 % de cada obra o proyecto adjudicado.

Los elementos de prueba dan cuenta de que, mientras estuvo en el cargo entre 2012 y 2015, Aguilar Villa creó un comité asesor para, supuestamente, orientar a su manera los procesos contractuales en el departamento.

Adicionalmente, nombró a dos personas de su confianza como secretaria de Infraestructura y director de Gestión de Infraestructura con el propósito de garantizar que la contratación se ajustara y quedara en manos de las personas que él encomendaba.

Uno de los casos que señaló la Fiscalía estaría relacionado con el Plan de Alimentación Escolar, PAE, que tuvo lugar en agosto de 2014, cuando se contrató el suministro de raciones alimentarias para estudiantes de 82 municipios del departamento.

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia también indicó que Aguilar es investigado por el refortalecimiento estructural del Estadio Alfonso López de Bucaramanga, en donde se habrían invertido más de 15.000 millones de pesos. Incluso también se investiga el contrato de interventoría y una adición que superó los 6.000 millones de pesos.

Por este mismo proceso, también se espera que la Corte resuelva la acusación en contra del exrepresentante a la Cámara, Edwin Ballesteros, por su presunta participación en el entramado de corrupción.

Lo anterior, por hechos que presuntamente ocurrieron entre 2014 y 2016 cuando Ballesteros fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant).

Ballesteros, cabe recordar, habría hecho un acuerdo con Richard Aguilar, quien para ese momento era gobernador del departamento, en el que supuestamente acordaron adjudicarle la construcción de los acueductos de Chiapatá y Barichara a Octavio Reyes Sarmiento, a cambio de 600 millones de pesos por “comisiones”.

Dicho negocio no se concretó porque Ballesteros renunció a su cargo a comienzos de 2016, por lo que el contratista reclamó la devolución de ese dinero.

Otra aforada que deberá responder ante Sala de Instrucción de la Corte Suprema, será la presidente de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, quien ya entregó su versión libre sobre las denuncias en su contra por el supuesto plagio en su tesis de maestría en Gobierno y Políticas Públicas, realizada en la Universidad Externado de Colombia.

En medio de esa misma indagación, la Sala escuchó también a Leydy Lucía Largo Alvarado, coautora de la tesis ‘Las OCA’S y su contradicción con las teorías de la elección racional’, presentada en el año 2016, por la cual se realizan las investigaciones.

En medio de los fuertes cuestionamientos políticos que le han hecho por este caso, Arias dio a conocer que no aspirará al Congreso en las elecciones legislativas de 2022.

Otro proceso que se espera que avance en la Corte Suprema, es el que se surte en contra de la exministra de las Tic, Karen Abudinen, por la pérdida de un anticipo superior a los 70 mil millones de pesos en un contrato que pretendía llevarle conectividad a las zonas más apartadas del país, pero en el cual resultó que la Unión Temporal Centros Poblados presentó una garantía bancaria presuntamente falsa.

Este es uno de los casos más esperados por los colombianos, quienes reclaman el dinero del anticipo y que los responsables de este posible caso de corrupción paguen ante la justicia. No obstante, contra exministra, no se ha abierto una investigación formal y solo se presentó para dar su versión libre por estos hechos.

/Colprensa

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