Hallazgos fiscales por $11.488 millones en el Banco Agrario

El contralor  Edgardo Maya Villazón dijo que la auditoría también reveló pérdidas de recursos por falta de controles del Banco Agrario a estas compañías y al manejo de las cuentas donde se consignan los recursos de subsidios para estos proyectos que provocaron pérdidas de recursos por cerca de 3000 millones de pesos.

 

La Contraloría General de la República evidenció hallazgos con posible incidencia fiscal por 11.488 millones de pesos, por la ineficiencia del Banco Agrario para gestionar proyectos de vivienda de interés social rural en el país.

En la auditoría se evaluó la gestión y ejecución de los proyectos de Vivienda de Interés Social Rural (VISR) del año 2016, en donde se determinaron 19 hallazgos administrativos, de los cuales 13 tienen presunta incidencia disciplinaria, tres posible incidencia penal y nueve son de carácter fiscal.

«Se encontraron serias deficiencias en el proceso de viabilización y validación de los proyectos objeto de asignación de recursos VISR. Igualmente se evidenciaron inconsistencias en el proceso de contratación de las Gerencias Integrales (encargadas de la administración y ejecución de los proyectos), pues se adelantó sin atender los requisitos técnicos, financieros y legales previstos, lo cual ha conllevado a incumplimientos del objeto de los contratos de administración», explicó la Contraloría.

La auditoría también reveló pérdidas de recursos por falta de controles del Banco Agrario a estas compañías y al manejo de las cuentas donde se consignan los recursos de subsidios para estos proyectos que provocaron pérdidas de recursos por cerca de 3000 millones de pesos.

Estos casos se presentaron en los proyectos de Vivienda de Interés Social Rural en los municipios de Tarqui y Suaza (Huila), en donde se contrató una Gerencia Integral para el desarrollo de ocho proyectos, los cuales pretendían beneficiar con vivienda a 289 hogares.

De acuerdo con el ente de control, a este consorcio le fueron desembolsados 3032 millones de pesos para los proyectos, sin embargo al 7 de marzo de 2017, fecha en que venció el plazo de ejecución, el avance registrado para los proyectos era del 0 % y el saldo disponible en bancos solamente era de 1.200.000 pesos.

 

VIVIENDAS DE MALA Y DEFICIENTE CALIDAD

El ente de control también encontró que las viviendas se entregaban sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas, por lo que muchas de las casas no garantizan las condiciones de habitabilidad.

Un ejemplo de esta situación es el proyecto de vivienda rural en el corregimiento de Bayunca (Cartagena), en el cual se verificaron 149 viviendas, de las 175 del proyecto, donde se determinó un daño fiscal por 326.9 millones de pesos, que corresponden al valor de los subsidios de 93 viviendas.

Según la Contraloría, estas viviendas presentan daños o problemas de calidad en sus obras, como deficiencias en pisos, desgaste prematuro y huecos, evidenciando la mala calidad del concreto. Además, se incumplen con las especificaciones técnicas relacionadas con elementos estructurales como vigas y columnas, puertas metálicas caídas, placas de soporte del tanque de agua con filtración y riesgos de inundación en las zonas donde fueron construidas las viviendas.

La Contraloría también pudo constatar que existe un incumplimiento de las condiciones de habitabilidad por parte de los beneficiarios, ya que muchas de las viviendas están deshabitadas, arrendadas o vendidas así como destinadas a otros usos que no corresponden a la finalidad del programa.

 

CONFLICTO DE INTERESES

La Contraloría también encontró un eventual conflicto de intereses en la contratación realizada por las Gerencias integrales en los proyectos ejecutados en Huila y Cundinamarca, donde la cooperativa contratada tenía un vínculo directo con las empresas que suscribieron los contratos de obra e interventoría.

«Tal situación afectó la transparencia en la toma de decisiones en la administración de los recursos de los subsidios VISR, los cuales estaban destinados a objetos contractuales de índole social que, a la postre, resultaron incumplidos», indicó el ente de control