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Para atacar la corrupción se requieren tres paquetes de medidas. Las primeras son de carácter estructural y normativo. Una es vital: una reforma integral al sistema de administración de justicia que lo haga más efectivo, disminuya la impunidad y de garantías de imparcialidad y transparencia a todos los ciudadanos. Las otras son también importantes. Menciono algunas: hacer de la contratación directa la excepción y no la norma (hoy el 82% de los contratos en departamentos y municipios se adjudica a dedo); diseñar e implementar pliegos únicos de licitación para acabar la contratación de sastrería, donde los contratos se hacen a la medida de quien adjudica y del compinche de al otro lado; impulsar una política de estado para hacer gobierno y contratación en línea; depurar las contralorías departamentales y municipales, la mayoría fortines burocráticos y clientelistas que no protegen un solo peso de los recursos públicos; tecnificar la Contraloría General; fortalecer el programa Colombia Compra Eficiente; aumentar las sanciones legales a los corruptos: prohibir que puedan ser empleados públicos puesto que traicionaron la confianza de la sociedad, impedirles que ellos o las sociedades de las que hagan parte puedan contratar con el Estado y eliminar para ellos el beneficio de la casa por cárcel.
Un segundo grupo hace referencia a la política: por un lado, hay que bajar los costos de las campañas políticas a través de, entre otras medidas, hacer listas cerradas y disminuir los costos de publicidad. Los costos actuales invitan a los aspirantes a hacer pactos con contratistas a los que devuelven más tarde el favor adjudicándoles contratos con sobrecostos. Por el otro, hay que modificar la manera en que se construye gobernabilidad en Colombia. Debe hacerse en torno de ideas, políticas y programas. Si sigue haciéndose a través de la entrega de pedazos de la torta burocrática seguiremos teniendo politiqueros que creen que la parte que les tocó es su coto de caza personal y saquean los recursos de la entidad. Por último, es indispensable transparentar la gestión de los parlamentarios frente al gobierno nacional, de manera que la ciudadanía sepa qué proyectos impulsan los congresistas y pueda hacer control político de ellos.
Por último, hay que modificar la cultura ciudadana en al menos tres sentidos: primero, hay que tomar conciencia de que los recursos públicos no son de un ente etéreo, sino que son nuestros, los que hemos trasladado al Estado por vía de impuestos y contribuciones: segundo, hay que volver a la cultura de la austeridad, de la construcción de patrimonio con esfuerzo y años de trabajo duro y honesto. El narcotráfico nos ha dejado una nefasta herencia de riqueza fácil, para la que todo vale, incluso la violación del código penal.
Ningún esfuerzo será posible, sin embargo, si no reconstruimos el tejido ético de la sociedad colombiana.
*Abogado