Tribunal fallará el otro año demanda de los españoles en el caso de Electricaribe

Los antiguos dueños de Electricaribe argumentan que el Estado colombiano se apropió de la empresa y que lo ocurrido fue una expropiación.

No contentos con haberse robado más de un billón de pesos de los recursos que les giraba la Nación para subsidiar la energía que le suministraban a los más pobres de la población en el Caribe colombiano, los antiguos dueños de Electricaribe esperan ganar la demanda que a mediados del próximo año podría fallarse por los árbitros del tribunal de arbitraje Ciadi, en Washington

El doctor Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), que representa al país en esta instancia, dijo que la defensa de Colombia fue sólida y se expusieron todos los argumentos por los que la intervención, que en 2017 hizo la Superservicios de la empresa prestadora de energía, no solo fue legal sino necesaria.

Se expuso en detalles que Electricaribe estaba en una precaria situación financiera provocada por sus administradores que le impedía prestar el servicio de energía a los 7 departamentos de la costa Caribe, y que se tuvo que intervenir para garantizar el suministro eléctrico a la región y evitar una crisis financiera en el sector eléctrico.

Por su parte, Naturgy, empresa española ha expresado que esta intervención representó una violación al trato justo y equitativo y una expropiación de sus intereses en Colombia.

Por lo anterior y sin pudor alguno después de haber robado más de un billón de pesos de acuerdo con investigaciones adelantadas por la Contraloría General, los españoles piden Colombia que pague la cifra de 1.626 millones de dólares.

Ante esas pretensiones, la Agencia de Defensa anunció una contrademanda a Naturgy, cuyas aspiraciones acaba de conocerse, ascienden a 1,7 billones de pesos.

Camilo Gómez explicó que la contrademanda se fundamenta en que Colombia ha tenido que canalizar muchos recursos a Electricaribe durante la intervención para asegurar la prestación del servicio; que las deficiencias de la empresa impactaron el desarrollo de la región Caribe, lo que llevó a menor productividad y menor pago de impuestos, y que la administración de Gas Natural Fenosa —hoy Naturgy— en Electricaribe desvalorizó la participación estatal en la empresa.

Según el director de la entidad, Camilo Gómez, las deficiencias del servicio de Electricaribe impactaron de manera adversa la industria y desarrollo de la región Caribe, con la consecuente menor productividad y menor pago de impuestos.

 “Colombia ha tenido que canalizar un monto considerable de recursos a Electricaribe durante la intervención para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la regional”, dijo Gómez Alzate.

Asimismo, sostuvo que “Colombia recibió menos ingresos por concepto de los impuestos que habría pagado Electricaribe si hubiera sido bien administrada”.

De igual forma, señaló que la administración de Gas Natural en Electricaribe desvalorizó la participación estatal en la empresa.

“La Nación es dueña del 6.56 de la acciones de Electricaribe, que pierde el  valor en la medida que la empresa se desvaloriza”

EL ÚLTIMO ROBO

Como se recordará, la Contraloría General imputó cargos a Electricaribe por un presunto daño patrimonial de 187.227 millones de pesos que no fueron entregados en un  subsidio que la empresa debía hacerle en la factura de energía a usuarios de estratos 1 y 2 en la región Caribe entre julio del 2011 y octubre del 2016.

En forma solidaria con Electricaribe, la Contraloría también le imputó cargos fiscales a Yamile Sarmiento Estrada por un daño de 46.245 millones de pesos, ya que ella era la revisora fiscal de la empresa, y quien «avaló la aplicación incorrecta de dichos recursos».

La Contraloría encontró que, supuestamente, los los $187.227 millones que recibió Electricaribe del FOES, que administra el Ministerio de Minas y Energía, «fueron aplicados al consumo distribuido comunitario, reduciendo con ello las pérdidas no técnicas de energía que presentaba la empresa en esas zonas especiales». Es decir, el dinero no fue a los subsidios de la población pobre, sino a disminuir las pérdidas de la empresa.

El proceso fiscal asegura que los recursos del fondo que se le dio a Electricaribe, «son de destinación específica y por lo tanto debieron ser aplicados al consumo individual del usuario y no al consumo distribuido comunitario, como efectivamente se hizo, ya que, al hacerlo así, no se alivió el valor a pagar en la factura por los usuarios, sino que terminó favoreciendo los ingresos de la empresa Electricaribe».

Para imputar cargos la Contraloría revisó las facturas mensuales en la costa Caribe, es decir, unas 800.000 facturas emitidas en el periodo analizado.