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Colombia, de a poco, logra reducir el número de muertes relacionadas a la desnutrición, en menores de cinco años de edad.
De acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), del Instituto Nacional de Salud, y dado a conocer por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el país, hasta noviembre pasado, logró una reducción del 16,2 % de los casos.
De acuerdo con el reporte, con corte a la semana 47 del año iban 259 muertes de menores de cinco años de edad, frente a las 309 registradas con corte a ese mismo periodo en 2018. Es decir, se logró una reducción de tan solo 50 casos (ver infografía).
La directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, señala que ha sido clave el trabajo en equipo con diferentes entidades del Estado. “Como Instituto logramos articularnos con el sector salud tanto en lo nacional como en lo territorial. Esto nos ayudó a optimizar recursos y evitar reprocesos y duplicidades”, señala la funcionaria, quien destaca que al cierre del año pasado, el aumento era del 38 % frente a lo corrido de 2017.
Pungiluppi también señala “avances importantes” como la creación de Unidades de Búsqueda Activa, que son equipos interdisciplinarios –enfermeros, trabajadores sociales, profesionales en gestión comunitaria– que adelantan tamizajes. Según cada caso los remiten a los centros de salud o a los programas del ICBF.
Reporte doloroso
Pese a que la noticia se puede ver como positiva, Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi –que vela por la protección de la infancia en Colombia– responde que es una cifra que sigue siendo dolorosa, pues, en promedio, se podría decir que este año un niño murió por no tener la alimentación adecuada cada 1,2 días.
“Cada uno de esos niños debería estar vivo”, cuestiona Norato, haciendo énfasis en que “una muerte prevenible –como las relacionadas con desnutrición– es injustificable y nos habla de la inmensa brecha que divide a los niños entre los que tienen y los que no tienen acceso a sus derechos”.
Por ello, recuerda Norato, el país debe dejar de ver como utopías los derechos de los niños como la lactancia, el agua potable y la disponibilidad de alimentos. “La voluntad política, los presupuestos eficientes y prevalentes para la niñez pareciera que no logran cristalizarse en realidad”.
La directora del ICBF reconoce que la tarea sigue, en especial en regiones como La Guajira, Chocó y Cesar, que “son los departamentos que concentran la mayor cantidad de casos”, según la funcionaria y, revisar con especial atención, las zonas fronterizas, donde llegan migrantes venezolanos que también requieren atención para sus hijos.