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La absolución del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acusado de espionaje político y malversación de fondos públicos, elevó las críticas a la justicia en un país que busca lavar su cara tras sonados casos de corrupción.
Los seguidores de Martinelli, primer mandatario panameño encausado penalmente, estallaron en júbilo el viernes cuando un tribunal lo declaró «no culpable» de cuatro delitos de espionaje y peculado.
Martinelli, que fue extraditado desde Estados Unidos, a donde huyó en 2015 para eludir a la justicia panameña, se libró de la pena de 21 años de cárcel pedida por la fiscalía, que lo acusaba de espiar a unos 150 opositores durante su gobierno (2009-2014).
Sin embargo, el tribunal, presidido por un exvicegobernador nombrado por Martinelli, desechó las pruebas y consideró que se «vulneraron principios fundamentales del debido proceso».
Con este fallo «lo que quedó evidenciado es la profunda crisis de la administración de justicia», dijo a la AFP Olga de Obaldía, directora ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional.
«Estas decisiones ponen de manifiesto la podredumbre y la corruptela que hay en el Órgano judicial», fustigó el abogado querellante, Carlos Herrera.
En los últimos cuatro años se han abierto en Panamá cerca de 30 casos por corrupción, pero las condenas contra altos funcionarios brillan por su ausencia. La mayoría de las veces, según De Obaldía, terminan en sobreseimiento o en «arreglos extrajudiciales».
El propio Martinelli, incluido por Transparencia Internacional en una lista de las personas «más corruptas del mundo», tiene múltiples casos detenidos en la Corte Suprema.
«Aquí sabemos, porque lo han dicho los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se venden fallos (…) la justicia nuestra es una subasta de oferta y demanda», dijo a su vez Mitchell Doens, abogado y querellante en el caso de Martinelli.
Los expresidentes Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y Martín Torrijos (2004-2009) evitaron ser juzgados por distintos motivos.
CIUDAD DE PANAMÁ AFP