La Fiscalía lo capturó este 7 de mayo del 2026 por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción.

Fiscalía confirmó que la captura del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, este 7 de mayo del 2026, obedece a presuntas irregularidades relacionadas con la expedición de una licencia de construcción. Para otorgar dicha licencia el alcalde habría realizado exigencias indebidas a la representante legal de una empresa de inversiones interesada en desarrollar un proyecto urbanístico en el municipio.

Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, Gamboa Chaparro habría sostenido reuniones presenciales y conversaciones mediante mensajes de texto y notas de voz con la empresaria. En dichas comunicaciones, presuntamente solicitó inicialmente la contratación de una persona cercana, posteriormente el aumento de su salario y, finalmente, una suma de dinero.

¿Qué dicen las autoridades?

Las autoridades sostienen que estas solicitudes tendrían como finalidad facilitar la expedición de la licencia de construcción requerida para avanzar en el proyecto inmobiliario.

Para la Fiscalía, el alcalde habría incurrido en una extralimitación de funciones y en un posible abuso de su cargo. Por estos hechos, será presentado ante un juez de control de garantías para la imputación de los delitos de concusión y prevaricato por acción.

Otros procesos del alcalde

Este no es el primer proceso judicial que enfrente el alcalde Víctor Gamboa, pues en enero del 2026 la Fiscalía ya le había imputado cargos ante la aparente celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y en medio de un régimen de presuntas inhabilidades e incompatibilidades.

En declaraciones a La FM, Gamboa en su momento defendió la transparencia de su gestión explicando que el contrato indagado asciende a los 13 millones de pesos y que hacía parte de un proceso, destinado a optimizar el banco de maquinaria renovado en 2024, pero que nunca llegó a ejecutarse ni adquirió vida jurídica, por lo que no existió detrimento patrimonial.

Asimismo, cuestionó el proceso judicial, señalando que se indaga un supuesto acto administrativo que no superó la etapa precontractual y que buscaba dar orden a unos equipos que no recibían mantenimiento hace 20 años.

"En este oficio del servicio público no ha sido la primera vez que me adelantan procesos de investigación, porque pues desde que me gradué como profesional decidí dedicarme al servicio de la vida pública y siempre he ejercido puestos cargos públicos y en ese sentido pues la Fiscalía tiene todas las garantía de adelantar su proceso de investigación", dijo en enero del 2026.

De comprobarse la presunta irregularidad en la celebración de contratos el mandatario de los villaleyvanos se expone a penas de prisión que van de 64 a 216 meses, así como multas e inhabilidad para ejercer funciones públicas.