La Procuraduría avanza en decenas de procesos por presunta intervención política de funcionarios y refuerza controles rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

La Procuraduría General de la Nación puso en marcha una nueva fase de su estrategia de vigilancia electoral bajo el concepto de “Paz Electoral”, con la que busca prevenir la participación indebida de funcionarios públicos en política de cara a los próximos comicios.

El procurador general, Gregorio Eljach, explicó que “el llamado está dirigido a todos los servidores del Estado y a la ciudadanía en general”, al insistir en que la protección del proceso democrático es una responsabilidad colectiva. La entidad refuerza una estrategia de prevención para evitar la participación indebida de funcionarios en política.

En ese contexto, Eljach señaló que la labor principal de la Procuraduría es recordar los límites que establece la ley para los servidores públicos, quienes deben mantener imparcialidad y neutralidad.

Indicó que no toda participación en política está prohibida, pero sí aquellas conductas que impliquen uso del cargo, recursos públicos o influencia institucional para favorecer intereses electorales. El enfoque institucional está centrado en la pedagogía para evitar sanciones posteriores.

89 investigaciones y varios procesos en curso

El jefe del Ministerio Público reveló que actualmente hay 89 investigaciones abiertas por presunta participación indebida en política relacionadas con las elecciones al Congreso y presidenciales realizadas este año.

De ese total, cuatro procesos ya están próximos a la formulación de pliego de cargos, mientras otros avanzan en etapas disciplinarias o preliminares, según el grado de avance de la recolección de pruebas.

Eljach explicó que “la mayoría de los casos permanece en fase preliminar debido a la necesidad de verificar denuncias, analizar videos, testimonios y otras evidencias antes de establecer responsabilidades”. También señaló que los expedientes más avanzados son aquellos en los que la prueba ha sido más clara y permite acelerar la investigación disciplinaria.

Asimismo, el procurador indicó que estas investigaciones se iniciaron tras el ciclo electoral de marzo, y que ya se han abierto nuevos procesos relacionados con hechos posteriores. Agregó que la intención institucional es evitar que estas conductas se repitan en el futuro, especialmente en el marco de las elecciones presidenciales que se aproximan.

Funcionarios de distintos niveles bajo investigación

El procurador confirmó que dentro de las investigaciones hay funcionarios de distintos niveles del Estado, incluyendo cargos locales, departamentales y nacionales. En ese contexto, señaló que en algunos de los expedientes aparecen miembros del Gobierno Nacional, aunque no entregó nombres ni detalles específicos por reserva legal. “En las cuatro (investigaciones) hay ministros”, entre otros funcionarios de diferentes niveles del Estado.

Eljach explicó que la ley impide revelar la identidad de los investigados mientras no exista una imputación formal dentro del proceso disciplinario. Solo cuando se cumpla esa etapa, indicó, la información se hace pública.

Prevención como eje del control disciplinario

El procurador insistió en que el propósito de la entidad no se limita a sancionar, sino a prevenir la ocurrencia de faltas disciplinarias mediante la pedagogía y la difusión de reglas claras. Señaló que muchas conductas pueden evitarse si los servidores públicos conocen de manera anticipada las restricciones que impone la ley en materia electoral.

Eljach reiteró que el fortalecimiento de la vigilancia y el control disciplinario forma parte de un esfuerzo institucional para garantizar mayor transparencia en el uso del poder público durante los periodos electorales, en medio del avance de los procesos ya abiertos. La Procuraduría refuerza su control para proteger la transparencia en las elecciones.