Todos los 69 fallecidos tienen nombre ya. En Bogotá, el Instituto de Medicina Legal identificó a las víctimas de la caída de la aeronave C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo. El proceso, lento por naturaleza, permaneció en marcha por cerca de una semana.

Las autoridades han confirmado las 69 muertes, si bien la búsqueda en la zona del siniestro no se detiene hasta ubicar a un militar desaparecido. En el Hércules viajaban 127 personas. El Hospital Militar Central, también en la capital, ha atendido a veintiséis sobrevivientes y un rescatista, de los que ha dado de alta a quince pacientes.

Medicina Legal dispuso doce equipos interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo. La sede central de la institución recibió el 24 de marzo a la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar de la tragedia.

El Instituto debe velar por el abordaje y la identificación de los cuerpos antes de autorizar su traslado a funerarias que luego los enviarán a las Fuerzas Militares, que han adelantado homenajes póstumos tanto en Bogotá como en las regiones de origen de los fallecidos. Varias familias acudieron a la dirección regional buscando respuestas.

Los análisis forenses lograron la identificación de Ariel Leonardo Villota Guevara, uno de los dos policías a bordo del avión. Nació en 1989 y fue un subintendente del Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula). Buscaba especializarse en Derecho Procesal en la Unicervantes.

También, de Jaime Alexander Fernández Camargo, un bogotano que tenía el grado de mayor en la Fuerza Aeroespacial, donde llevaba diecinueve años en servicio; al cabo tercero Yeferson Fabián Otavo Yaima, y a los soldados profesionales Andrés Javier Moreno Chávez, Luis Eduardo Blanco Hernández y Mateo Herrera López.

El listado, que el director de Medicina Legal, el médico Ariel Cortés, entregó en cinco boletines oficial, sigue con Benjamín Esteban Pérez Torres, Rafael Santos Guerra Almeida y Daniel Esteban Arias Pérez, todos soldados profesionales. Y cerró con Jhonathan Stid Pinzón Reyes, técnico segundo con dieciocho años en la FAC.

Las víctimas: entre rangos militares, trayectorias y proyectos de vida interrumpidos

Marco Tulio Martínez Varón era parte del vasto grupo de soldados profesionales que perdieron la vida. El Instituto ya lo identificó, así como a Jaider Alexis Solís Torres y al subteniente Julián David González Herrera, el especialista en Programas de Capacitación de veinticinco años, cinco de los cuales le dedicó a la FAC.

Luis Eduardo González Hernández era, asimismo, soldado profesional, como Cristian Camilo Baza Tordecilla, Jesús Enrique Chiquillo Miranda, Arley Camilo Tordecilla Warnes, Cristian Camilo Contreras Astroza, Jeison Mena Hurtado, Jesús Eduardo Hernández Hernández y Ánderson Steben Moreano Candicuz.

Juan Ernesto Quintero Aquite era soldado profesional, igual que Luis Andrés Noreña Andica, Giovanny Ocampo Tenorio, José Alfredo Pérez Ramírez, Romer Vargas Silva, Santiago Andrés Arias Pérez, Leandro Díaz Reyes, Hugo Mario Varón Reyes, Jhon Jairo Libreros Tarapuez, Edier Enrique Obando Rengifo y Wilson Daniel Otavo Tique.

Medicina Legal logró nombrar, además, a los soldados profesionales Camilo Andrés Argel Villadiego, José Marco Mendoza Caicedo y Julián David Céspedes Arias; al sargento segundo Carlos Andrés Tabaco Franco, y a la única mujer del pelotón: la mayor Natalia Rojas Velandia, subdirectora de Ingeniería de Operaciones de Combate.

El segundo policía era Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez, un patrullero de veintitrés años, de la Zona Bananera en Magdalena, que era parte del Gaula. Jairo Andrés Rincón Machado era cabo primero del Ejército, y Jhon Jairo Azuña Cruz era cabo tercero. Juan Pablo Amador Pinilla era teniente coronel de la FAC y tenía cuarenta años.

Javier Fernando Méndez Torres tenía 39 años, veinte en servicio. Era bogotano y técnico primero, especialista en conectividad. Se desempeñaba como maestre de carga del Hércules que se desplomó. El soldado profesional Gildardo Arnulfo Montanchez, nacido en 1989, era parte del Gaula Militar de Putumayo.

La marcha de los cotejos resultó desesperante. En medio de la desinformación, decenas de familiares se aglomeraron en la sede principal del Instituto la semana pasada para reclamar los restos de los fallecidos, pero la burocracia les bloqueó cualquier indicio de claridad, pese al acompañamiento castrense y el psicológico.

Familias denunciaron demoras, desinformación y angustia

Alcides Julio viajó desde Berrugas, un poblado de Sucre al pie de San Onofre acostumbrado a recibir pesqueros del Archipiélago de San Bernardo, para escudriñar algún dictamen sobre su hijo, Kaleth David Julio Severiche, el único soldado no profesional entre las víctimas. Medicina Legal informó del muchacho este lunes.

Kaleth tenía diecinueve años. Prestaba el servicio militar y aspiraba a seguir en la carrera para brindar mejores oportunidades a su familia. “Mi hijo quedó ahí”, en el vuelo siniestrado, narró Alcides en la entrada de Medicina Legal. “No me lo quieren mostrar, no me dicen nada, no sé nada”, añadió.

“Nos llamaron y nos dejaron un número pa’ que nos comunicáramos”, pero “esos números no salen”, contó. Los canales de atención del Instituto estaban tan colapsados como la sala de espera el 25 de marzo, dos días después de la caída del Hércules. “Al ver que no nos dicen nada, vinimos hacia acá”, remató Julio.

Antes de que cayera un aguacero en el centro de Bogotá, a Alcides Julio y a los familiares plantados frente a Medicina Legal los abordaban tres militares, tres psicólogas y unos tres agentes de funerarias. O tramitadores. La confusión se mezclaba con el llanto alrededor de un modesto puesto de paquetes de comida.

Los militares juntaban a los familiares en círculos y les aclaraban que no era su obligación hablar ante la prensa. Las psicólogas en algunos casos sugerían no hacerlo. El personal del Instituto les tomó huellas y algunos datos para constatar que sus hijos, esposos, hermanos, primos o parientes en suma estaban en la oficina.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó la sede, sostuvo una reunión con el director Cortés y habló con un puñado de los familiares. “Todos los costos para la identificación que está adelantando Medicina Legal son cubiertos por el Estado colombiano", señaló al término, advirtiendo de posibles estafas.

“No tienen que pagar ni un solo peso. Tampoco deben pagar para que aceleren el proceso de identificación de un familiar”, dijo el general en retiro junto al médico. Las investigaciones por el siniestro en Putumayo avanzan, y Sánchez aprovechó la oportunidad para pedir evitar las especulaciones sobre sus causas.

/LA FM