La presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Meneses, advirtió este viernes que Colombia enfrenta una crisis estructural en salud que cobra vidas no por falta de medicina, sino por barreras burocráticas, y llamó a todas las ramas del poder público, a las EPS, IPS, entes de control y a la sociedad civil a impulsar transformaciones de fondo que pongan "la vida en el centro, sin intereses mezquinos".

Su llamado lo hizo durante el discurso inaugural de los Diálogos Constitucionales celebrados en Pereira, en la Universidad Libre, bajo el tema El derecho a la salud: Justicia constitucional, entre lo territorial y lo global.

La magistrada respaldó su diagnóstico con cifras del tablero de estadísticas del propio tribunal: mientras en el resto del país el derecho de petición es el bien más reclamado vía tutela, en Risaralda el derecho a la salud ocupa el primer lugar, con un 46,40% de las acciones interpuestas entre enero de 2016 y febrero de 2026, por encima del derecho de petición, que registra el 31,91%, y seguido de los derechos al debido proceso, mínimo vital, vida y seguridad social.

Ese dato no es aislado. A comienzos de este año, la Personería de Pereira ya había encendido las alarmas al identificar un aumento sostenido de acciones judiciales en salud y, con ello, una presión financiera creciente sobre hospitales y EPS. El diagnóstico del ente de control apuntó, según citó la magistrada, "a un escenario en el que aumentan los reclamos judiciales, pero no las soluciones estructurales".

*”EL SISTEMA HA FRACASADO EN SU GESTIÓN PRIMARIA”*

La presidenta del alto tribunal fue contundente al señalar que la tutela no debería ser la puerta de entrada al sistema de salud, sino el último recurso. "Cuando un ciudadano debe acudir a un juez para que le entreguen un pañal o le programen una cita, el sistema ha fracasado en su gestión primaria", afirmó.

En esa misma línea, Meneses rechazó que la rama judicial se haya convertido, en la práctica, en administradora del sistema.

"Los jueces estamos para proteger derechos, no para gestionar agendas médicas ni presupuestos operativos", subrayó, antes de lanzar un mensaje sin ambigüedades a los actores del sector: "La transformación que el país exige no puede ser un simple cambio de nombres, de logos o un traslado de pacientes".

Advirtió que la sostenibilidad financiera del sistema no puede usarse como argumento para negar atención. "La sostenibilidad es una herramienta para que el sistema perdure, no un arma para recortar servicios esenciales", precisó, y llamó a priorizar la prevención y la atención primaria, especialmente en zonas donde la presencia del Estado se reduce, en sus palabras, a "una bandera y un puesto de salud sin suministros".

Sin eludir el peso de los hechos recientes, la presidenta de la Corte se refirió directamente a los casos de colombianos que han muerto esperando autorizaciones que nunca llegaron o medicamentos que, pese a estar ordenados por un juez, quedaron atrapados en la burocracia del sistema. "Duele ver cómo niños y adultos mayores fallecen esperando una autorización que nunca llegó", señaló.

Para Meneses, cada una de esas muertes evitables representa también una fractura en el pacto fundacional de 1991.

"Cuando un colombiano muere por una falla estructural del sistema, muere también un poco de la promesa que hicimos en 1991", sostuvo, y advirtió que la corrupción en el sector salud no debe entenderse solo como un delito: "Cada peso desviado o trámite exigido sin ser requerido es una medicina que no llega o un tratamiento que se interrumpe".

*DE LA T-760 AL RETO DEL "DERECHO EN LA CALLE”*

La magistrada trazó el recorrido histórico del derecho a la salud en Colombia, desde cuando era considerado apenas un servicio público o un derecho derivado de la vida, hasta el hito que marcó la Sentencia T-760 de 2008 y la posterior Ley Estatutaria, que consolidaron la salud como derecho fundamental autónomo e irrenunciable.

"Colombia le dijo al mundo que la dignidad humana es incompleta si el Estado no garantiza las condiciones para que el cuerpo y la mente se desarrollen con plenitud", recordó.

Sin embargo, advirtió que ese liderazgo global no puede convertirse en complacencia. "De nada sirve ser un ejemplo en los libros de derecho internacional si en un centro de salud de una vereda de Risaralda o aquí mismo en Pereira, el ciudadano siente que la Constitución es un lenguaje que no se habla con su realidad cotidiana", planteó, y definió el reto central del momento: "cerrar la brecha entre el derecho en el papel y el derecho en la calle".

En ese marco, la Corte mantiene activo desde 2008 un proceso de seguimiento a la sentencia T-760, orientado a eliminar las barreras que impiden el funcionamiento del sistema y a evitar que la inercia institucional siga postergando soluciones estructurales.

La togada también advirtió sobre los riesgos de incorporar herramientas digitales al sistema de salud sin garantizar condiciones de equidad. Citó un informe de 2024 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), según el cual la telemedicina y la mensajería móvil podrían salvar más de dos millones de vidas en la próxima década y evitar aproximadamente siete millones de eventos agudos, hospitalizaciones y complicaciones por enfermedades cardiovasculares y otras no transmisibles.

Sin embargo, subrayó que esas tecnologías solo cumplirán su potencial si van acompañadas de infraestructura digital accesible para todos y de programas de alfabetización y acceso a dispositivos. Sin esas condiciones, advirtió, las herramientas digitales podrían convertirse en "motores de desigualdad".

Al cierre de su intervención, Meneses dejó un mensaje directo a los ciudadanos de Pereira, Risaralda y todo el país: "La Corte Constitucional es su casa. No descansaremos hasta que el derecho a la salud deje de ser un sueño esquivo para convertirse en una realidad cotidiana".

La magistrada convocó a jueces, académicos y ciudadanos a mantener viva la capacidad de indignarse ante la injusticia. "La técnica jurídica es necesaria, pero sin la brújula moral de la compasión, el derecho se vuelve ciego", concluyó, antes de declarar inaugurados los Diálogos Constitucionales 2026.

/Colprensa