Función Pública explicó este viernes que desde el año pasado se acordó un incremento salarial del 7% para los servidores públicos de las ramas Ejecutiva y Judicial, así como a los docentes con carácter retroactivo desde enero, tras las críticas por esta alza y su eventual relación con las elecciones presidenciales.

"Este ajuste salarial se había fijado desde abril de 2025 en la Mesa de Negociación del Sector Público que está integrada por el Gobierno nacional, centrales y federaciones sindicales", precisó Función Pública.

El incremento resulta de sumar el Índice de Precios al Consumidor de 2025, que cerró en 5,1%, más 1,9 puntos porcentuales adicionales, fórmula acordada desde abril de 2025 en la Mesa de Negociación del Sector Público, instancia integrada por el Gobierno y centrales y federaciones sindicales que se reúne cada dos años.

Los decretos, firmados por el presidente, Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora de Función Pública, Mariella Barragán, establecen que el aumento deberá aplicarse y pagarse con retroactividad desde enero de 2026.

El ajuste no cobija de manera directa a la Rama Legislativa, los uniformados, los empleados oficiales ni los servidores de entidades territoriales, quienes fijarán sus incrementos de acuerdo con la autonomía de la que gozan, aunque deberán tomar como referencia lo acordado en la mesa de negociación.

/Colprensa