La Contraloría General concluyó que los vacíos normativos y las debilidades operativas de la Superintendencia del Subsidio Familiar (Supersubsidio) han sido los factores determinantes en el fracaso de más de la mitad de las medidas cautelares impuestas a las Cajas de Compensación Familiar del país en los últimos años,.

Para el órgano de control, el sistema carece de límites temporales, criterios claros y procedimientos definidos para aplicar estas intervenciones, lo que, según la entidad, abre la puerta a prácticas inequitativas y al desbordamiento de la discrecionalidad del ente supervisor.

El estudio sectorial, adelantado por la Delegada de la Contraloría para el Sector Trabajo, analizó 24 medidas cautelares adoptadas por la Supersubsidio entre 2019 y 2023. Los resultados fueron contundentes: solo nueve de ellas —el 38%— obtuvieron una calificación satisfactoria, mientras que trece —equivalentes al 54%— no alcanzaron los niveles esperados, y dos casos —el 8% restante— resultaron atípicos y no pudieron ser calificados bajo ningún criterio.

El informe señaló que la problemática de las Cajas que dio lugar a las intervenciones tiene que ver principalmente con la crisis financiera asociada a sus programas de salud, así como con debilidades en materia legal, administrativa, financiera y de gobierno corporativo.

La participación de las Cajas en el Sistema de Salud y su inminente colapso financiero apareció como la causa más recurrente, agravada por la insuficiencia de los recursos propios y la restricción legal sobre el uso de los recursos parafiscales del subsidio familiar, que tienen destinación específica y no pueden redirigirse para sanear estos déficits.

La Contraloría advirtió que la ausencia de tipificación de causales, criterios, procedimientos y temporalidad de las medidas cautelares en la norma vigente puede derivar en tratos desiguales entre Cajas y en un ejercicio discrecional sin contrapesos por parte de la Supersubsidio.

El estudio también encontró que algunas medidas se prolongaron por varias vigencias sin que existiera un límite legal que las acotara en el tiempo.

Esta situación, destacó el organismo de control, evidencia la urgencia de actualizar el marco regulatorio del Sistema del Subsidio Familiar para garantizar mayor transparencia, eficacia y equidad en la aplicación de las intervenciones.

El análisis de la Contraloría fue tenido en cuenta por la Corte Constitucional, que mediante Sentencia C-298 del 3 de julio de 2025 declaró la inconstitucionalidad diferida de varias disposiciones del régimen sancionatorio y cautelar del Sistema del Subsidio Familiar.

La Corte otorgó al Congreso plazo hasta el 21 de junio de 2027 para expedir la ley que contenga el régimen integral de intervención administrativa a cargo de la Supersubsidio, con el fin de garantizar mayor transparencia, eficacia y equidad en el sistema.

En lo que va de 2026, la Contraloría adelanta un nuevo estudio sectorial orientado a revisar la incidencia de la Sentencia C-298 en la adopción de las medidas cautelares por parte de la Supersubsidio.

Los primeros hallazgos muestran que actualmente 13 de las 42 Cajas de Compensación Familiar del país tienen alguna medida cautelar vigente: dos en vigilancia especial, dos en intervención administrativa parcial y nueve en intervención administrativa total, con presencia en todas las regiones del país.

La auditoría de cumplimiento realizada por la Contraloría a la Supersubsidio en 2025 confirmó que los desafíos normativos y procedimentales identificados en el estudio sectorial original persisten, lo que refuerza la urgencia de una reforma legislativa profunda antes del plazo fijado por la Corte.

/Colprensa.