El Presidente Gustavo Petro reconoció ayer que ciertamente cogió plata del Presupuesto General de la Nación para pagar a los abogados que lo defienden en Estados Unidos por haber sido incluido en la Lista Clinton. Y responsabilizó de lo ocurrido a quienes fueron a hablar mal de él ante el Gobierno norteamericano.

Encendido debate en el país. Cascada de denuncias disciplinarias y penales contra el mandatario. Todo quedará en nada.

El presidente Gustavo Petro aceptó utilizar recursos públicos para el pago de abogados personales que lo defenderán en su intención de salir de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), conocida como la “lista Clinton”.

El mandatario defendió este contrato de 10.000 millones de pesos para la defensa de él y su familia, porque es el costo de las visitas que políticos de la oposición hicieron a los Estados Unidos.

 “Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió el mandatario.

El presidente respondió a un mensaje de la periodista Salud Hernández, que cuestionaba como Petro creía que el estado era su banco personal.

Según la información conocida, la presidencia suscribió un contrato directo por 10 mil millones de pesos con la firma Amadeus Consultancy Limited con fondos correspondientes al Presupuesto General de la Nación.

El objeto de este contrato tiene la finalidad de suministrar asesoría, representación y defensa jurídica del presidente y su esposa Verónica Alcocer, ante las autoridades de los Estados Unidos tras ser incluido en la lista Clinton.

Esta contratación que ha recibido diversos cuestionamientos de diferentes sectores del país, ya está bajo la lupa de la Procuraduría mediante la apertura de una indagación previa.

El ministerio público busca establecer si en la celebración del contrato se cumplieron los principios y requisitos previstos en la normativa de contratación estatal. Además de verificar la legalidad del proceso.

LAS REACCIONES

Ayer sábado 17 de enero, la periodista Salud Hernández-Mora denunció que el acuerdo representa un gasto equivalente a 2,6 millones de dólares, y lo calificó como un manejo indebido de recursos públicos: “Petro firmó contrato con abogados gringos para pagarles ¡10 mil millones! para asesoría para él y Verónica por la Lista Clinton. En solo 4 meses: de enero a abril. Este gobierno es abusivo y corrupto”.

Frente a estas acusaciones, Petro sostuvo que la oposición buscaba presionar internacionalmente al país, señalando que los ataques no eran únicamente políticos sino que incluían presiones y amenazas: “Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff, querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

La polémica despertó reacciones inmediatas de políticos y líderes de la oposición. El precandidato presidencial Daniel Palacios escribió en X: “No señor, en la OFAC está Gustavo Petro como persona natural, no la presidencia de Colombia. Entonces ese ‘nos costó’ somos muchos, sus problemas personales con la justicia americana no son un problema de Colombia. Su defensa es personal no institucional, no sea abusivo”.

La senadora María Fernanda Cabal también expresó su rechazo: “¿Eso nos costó? No Petro, usted deberá responder ante la justicia. Los colombianos no tenemos porqué pagar su pésimo actuar, favoreciendo criminales con diálogos de paz y sin persecución al narco“.

Agregó: “Tendrá tarde o temprano que regresar los 2,6 millones de dólares que gastará de la plata de los colombianos, para su defensa y la de su familia”.

A su turno, el exministro de Justicia Wilson Ruiz criticó el uso de recursos públicos en medio de carencias sociales: “Petro está muy equivocado si cree que los colombianos debemos pagarle los 2,6 millones de dólares que vale su defensa y la de su familia para que lo saquen de la lista Clinton. Mientras la gente se muere por falta de salud y medicamentos, no hay plata para vivienda, no hay presupuesto para seguridad, Petro gastando la plata de los colombianos”, escribió en X.

INTERVENCIÓN DE LA PROCURADURÍA

En medio de la polémica, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) tras la denuncia presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda. La congresista enfatizó que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a asuntos del Estado y no a la defensa personal de un mandatario:

 “Los impuestos de los colombianos no pueden usarse para defender problemas personales del presidente ni de su esposa. Los recursos públicos son recursos sagrados y se tienen que respetar”, Señaló Miranda en X.

Frente al cuestionado contrato, identificado como No. 001 de 2026, que tiene vigencia entre el 9 de enero y el 30 de abril, la Procuraduría advirtió que no se exigieron garantías de cumplimiento, lo que aumenta el riesgo fiscal y patrimonial para el Estado. Durante la investigación, el ente de control fiscal solicitó a Dapre antecedentes del proceso, copias de documentos y las justificaciones legales que respaldan la contratación directa, con el fin de determinar posibles responsabilidades administrativas.

BOGOTÁ, (Colprensa).-