“El gobierno acaba de recortar el presupuesto del Canal del Dique, que era el proyecto de recuperación ambiental más importante de la Costa y de Colombia. La firma SACYR puede reclamar judicialmente para irse”, escribió el exmandatario en su cuenta de x.

El expresidente Ernesto Samper cuestionó al gobierno nacional por la decisión de recortar el presupuesto al proyecto de recuperación ambiental del Canal del Dique.

Pese a que Samper ha sido un defensor del gobierno Petro, advierte que esta es una lamentable decisión que podría derivar en acciones jurídicas contra el estado.

“El gobierno acaba de recortar el presupuesto del Canal del Dique, que era el proyecto de recuperación ambiental más importante de la Costa y de Colombia. La firma SACYR puede reclamar judicialmente para irse”, escribió el exmandatario en su cuenta de x.

Es tal la preocupación de Samper que incluso hizo un llamado de alerta al contralor general de la república para que intervenga frente a la situación, advirtiendo que “salve el Dique. ¡Las vigencias anticipadas son intocables!”.

El sorpresivo pronunciamiento del expresidente Samper se suma a la “profunda preocupación” expresada por la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) por la reducción de los recursos asignados al proyecto del Canal del Dique, por alrededor de $636.000 millones (en total, cerca de $1 billón).

El gremio advirtió que la disminución de las vigencias futuras para estas iniciativas pone en riesgo obras clave para la competitividad, el crecimiento económico y la integración regional, al tratarse de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo.

La CCI no solo advierte de que el gobierno pone en riesgo millonarios recursos e incumple sus propias reglas, sino que además también alertó sobre posibles irregularidades en la forma en que se tomó la decisión.

Recordó que un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado estableció que las vigencias futuras solo podían modificarse si existía acuerdos entre las partes. Sin embargo, dos días después, el propio gobierno redujo de manera unilateral los recursos, pese a que previamente definió que para estos ajustes debía haber el consentimiento de los concesionarios.

 “Esta actuación transgrede los lineamientos que el mismo ejecutivo estableció, afecta la confianza en los contratos de infraestructura y puede generar riesgos legales y financieros para la nación”, alertan desde la Cámara./Colprensa