El término de excepción de inconstitucionalidad vuelve a salir al panorama político en Colombia en medio de la disputa entre los gobernadores y el gobierno nacional por el IVA del 19% a los licores. Una cucharada de su propia medicina para el gobierno Petro que utilizó esa misma estrategia para justificar el ‘decretazo’ con el que convocó la consulta popular.

Bajo esta figura jurídica, los gobernadores del país piensan acogerse al señalar de múltiples riegos financieros para los departamentos por aplicar los impuestos del decreto de la emergencia económica.

Es de señalar que la excepción de inconstitucionalidad es una herramienta contemplada en la constitución para que un servidor decida no cumplir un decreto o una ley porque viola la constitución, como en este caso aseguran los gobernadores respecto del decreto dictado al amparo de la emergencia económica que está estudiando actualmente la Corte Constitucional.

Para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aplicar esta figura es encontrar un camino cuando exista una norma como la emergencia económica que “es desproporcionada y vulnera principios de la constitución”.

“En el caso de la fábrica de licores de Antioquia tendríamos que girarle a Petro durante este año más de 720 mil millones de pesos, que son recursos que se podrían quedar en Antioquia o en cualquiera de los entes territoriales”, señaló.

Ante esto, desde el gobierno nacional respondió con amenazas de denuncias para todos los gobernadores que inapliquen el decreto y hasta acusaciones de mal ejemplo y de caer en prevaricato por sus decisiones.

Sin embargo, no hace mucho, este mismo gobierno Petro utilizaba la excepción de inconstitucionalidad que hoy critica, pero a su favor.

LA EXCEPCIÓN EN EL DECRETAZO

En junio del año 2025, este mismo gobierno buscó apelar a una supuesta excepción de inconstitucionalidad cuando intento pasar por encima el resultado del no en el Senado que tumbaba la consulta popular.

“¿Este era el mismo ministro que invocaba la excepción de constitucionalidad para desconocer la decisión del Congreso de negar la convocatoria a una consulta popular?”, recuerda el analista político Héctor Riveros.

En su momento, el exministro de justicia, Eduardo Montealegre, defendía la excepción de inconstitucionalidad como mecanismo para que el presidente Petro convocarán a una consulta popular tras el concepto desfavorable porque debía “prevalecer la carta política”.

En aquel decreto 0639 de 2025 que Petro y todos sus ministros, se citaba una “excepción de inconstitucionalidad” como el fundamento para convocar a una consulta popular y pasar por encima de la decisión negativa del Senado a la solicitud hecha por el presidente.

El documento firmado por todo el gabinete contenía las 12 preguntas referentes a una reforma laboral y citaba a todo el país a salir a las urnas para el siete de agosto de 2025.

Finalmente, este ‘decretazo’ se reverso y no se realizó la consulta popular. Sin embargo, lo curioso es que esta misma excepción de inconstitucionalidad que tanto critica el gobierno hoy a los mandatarios regionales, es la misma que utilizaron para conseguir sus intereses políticos para la aprobación de las reformas.

Bogotá (Colprensa).