Los gobernadores de 17 departamentos estudian los instrumentos jurídicos que pueden utilizar para frenar el decreto de emergencia del Gobierno, publicado el pasado 22 de diciembre luego de que el Congreso hundiera el proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo.

La Federación Nacional de Departamentos señaló en un comunicado que demandará la propuesta gubernamental al considerar que hay un "riesgo cierto para la sostenibilidad financiera de las administraciones departamentales y su capacidad de garantizar la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación y el deporte".

En ese sentido, el Gobierno señaló que busca recaudar 11,1 billones de pesos adicionales en 2026 con los impuestos que decretará en el marco de la emergencia económica declarada la semana pasada para equilibrar la "situación financiera" del país.

De otr, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya se refirió a la reunión y el inconformismo por cuenta de las medidas económicas del Gobierno y sobre las cuales, aseguran que se verían gravemente afectadas las finanzas de las regiones.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, confirmó que el próximo lunes 8 de enero a las 8:00 a. m. se llevará a cabo una reunión clave entre los mandatarios departamentales y el Ministerio de Hacienda. El encuentro busca mitigar el descontento generalizado provocado por un decreto de emergencia económica que, según los gobernadores, afecta gravemente las finanzas territoriales al modificar el recaudo de impuestos sobre licores y cigarrillos.

"INCONFORMISMO" REGIONAL

A pesar de que sectores de opinión y algunos mandatarios locales han calificado la postura de las regiones como una "rebelión" o "insubordinación", el gobernador Amaya prefirió definir la situación como un profundo inconformismo. Según Amaya, fue él quien solicitó directamente la reunión al ministro de Hacienda tras la asamblea de gobernadores, argumentando que el Gobierno nacional no puede tomar decisiones de este calibre sin concertar previamente el impacto fiscal en los departamentos.

El punto de discordia radica en que los departamentos dependen casi exclusivamente de las rentas provenientes del impuesto a los licores, la cerveza, los cigarrillos y los juegos de azar. El nuevo decreto nacional pondría en riesgo estos ingresos, fundamentales para cumplir con los planes de desarrollo locales.

IMPACTO FINANCIERO EN LAS REGIONES

Las cifras en juego son considerables. Por ejemplo, el gobernador de Antioquia ha señalado que su departamento tendría que trasladar cerca de 700.000 millones de pesos al Gobierno Nacional bajo las nuevas directrices. En el caso de Boyacá, el impacto se estima en unos 32.000 millones de pesos.

Amaya subrayó que, aunque el aguardiente es un producto cultural y económico vital —mencionando marcas como el Líder y el Ónix 100 de Boyacá o el Amarillo de Manzanares en Caldas—, el debate de fondo es si las regiones deben seguir financiándose con este tipo de impuestos "viciosos" o si es hora de una reforma que fortalezca los impuestos territoriales de manera estructural.