Jesús Rebolledo Gil, exgerente del Hospital del municipio de Sitionuevo.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Jesús Enrique Rebolledo Gil, exgerente de la ESE Hospital Local de Sitio Nuevo, en el noroccidente del Magdalena, por presuntamente contratar como médica a una profesional extranjera que no cumpliría los requisitos legales para ejercer en Colombia.

Al parecer, el directivo suscribió en 2022 dos contratos de prestación de servicios médicos con la galena, sin convalidar el título que habría obtenido en el exterior ante el Ministerio de Educación y sin que figurara en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS).

Además, el funcionario habría certificado, en dos oportunidades, que la contratista contaba con tarjeta profesional y con la documentación exigida para ejercer la medicina, sin contar con esos soportes en la carpeta contractual.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico calificó provisionalmente las conductas de Rebolledo Gil como faltas gravísimas cometidas a título de dolo, y dispuso remitir copias a la Fiscalía General de la Nación.

El ente de control busca establecer si el comportamiento del gerente vulneró los principios de moralidad y legalidad de la función administrativa, y si puso en riesgo la adecuada prestación del servicio de salud a la comunidad de Sitionuevo.

INVESTIGACIÓN DESDE OCTUBRE

El pasado 28 de octubre, La Procuraduría General de la Nación hizo el primer anunció sobre la formulación de cargos contra Rebolledo Gil, por presunta irregularidad en la autorización de un contrato que habría afectado recursos públicos destinados a la salud.

Según el ente de control, Rebolledo enfrenta cargos por falta muy grave a título de dolo, lo que implica que la conducta investigada habría sido realizada con conocimiento y voluntad de causar un perjuicio al Estado.

La investigación señala que Rebolledo, en su rol de supervisor y responsable del gasto, habría autorizado un pago correspondiente a un contrato de prestación de servicios celebrado entre la Empresa Social del Estado (ESE) y un particular.

Este acuerdo tenía como objetivo capacitar al personal asistencial en áreas de urgencias y consulta externa, pero, de acuerdo con los hallazgos preliminares, las capacitaciones no se habrían ejecutado tal como se estipulaba en el contrato.

La Procuraduría enfatizó que el daño patrimonial derivado de este caso podría incluir cualquier pérdida, uso indebido o deterioro de los recursos públicos ocasionado por una gestión irregular o negligente.

Por ello, la entidad buscaba determinar con precisión si existió incumplimiento en la ejecución de los recursos y establecer responsabilidades que puedan derivar en sanciones disciplinarias, contribuyendo a la protección del patrimonio estatal y a la confianza de la ciudadanía en el sistema de salud.