Durante la visita al establecimiento penitenciario se revisaron protocolos internos, organización y obras en ejecución, orientadas a mejorar infraestructura, bienestar y condiciones generales de la población privada de la libertad.

Tras los hallazgos, se anunció la gestión de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de El Banco y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para atender necesidades identificadas en centros de detención del municipio local.

La Defensoría del Pueblo adelantó en el municipio de El Banco, Magdalena, una jornada de inspección a distintos centros de detención, como parte de las acciones de seguimiento institucional orientadas a verificar las condiciones de reclusión y el respeto por los derechos de las personas privadas de la libertad. La actividad tuvo como objetivo evaluar de manera directa la situación actual de estos espacios, identificar posibles necesidades y recopilar información que sirva de base para el fortalecimiento de las acciones de protección y garantía de derechos en el territorio.

Durante la visita al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad, la Defensoría del Pueblo revisó aspectos relacionados con la organización interna, los protocolos de funcionamiento y las condiciones generales de reclusión. En el recorrido se valoró el trato brindado por el personal a las personas privadas de la libertad y se verificó el estado de las instalaciones. Asimismo, se constató el desarrollo de obras en ejecución orientadas a mejorar la infraestructura del centro, así como a contribuir al bienestar y a la calidad de vida de la población carcelaria.

De igual manera, se realizó una inspección a la Estación de Policía y a la Casa de Reclusión para sindicados, espacios en los que se atendió a más de 50 personas privadas de la libertad. En estos lugares se evidenciaron situaciones relacionadas con el hacinamiento, las altas temperaturas y la insuficiencia de algunos insumos básicos necesarios para la atención diaria. Estas condiciones, que inciden en el bienestar y la dignidad de las personas recluidas, fueron registradas como parte del seguimiento institucional adelantado durante la jornada.

Frente a las situaciones identificadas, la Defensoría del Pueblo anunció la gestión de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía de El Banco y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Esta articulación interinstitucional tiene como finalidad atender las necesidades detectadas durante las inspecciones y avanzar en la mejora de las condiciones de los centros de detención del municipio, dentro de las competencias de cada entidad.

La jornada contó con la participación de defensoras y defensores públicos, quienes brindaron asesoría jurídica a las personas privadas de la libertad y realizaron la evaluación individual de los casos atendidos. Estas acciones hicieron parte del acompañamiento institucional orientado a la protección, promoción y garantía de los derechos humanos en el municipio de El Banco y su área de influencia, en el marco de las funciones constitucionales de la entidad.